El organismo expresó preocupación por la media sanción al artículo 233, que establece restricciones al acceso a información pública clave para el sector ganadero.
La Liga de Defensa Comercial denuncia un artículo del Presupuesto que atenta contra las "relaciones comerciales y crediticias transparentes" tras las estafas de los fondos ganaderos.
La Liga de Defensa Comercial (Lideco) expresó su preocupación por el artículo 233 votado dentro del proyecto de ley de Presupuesto el último jueves, el cual "limita, sin fundamento, el acceso a información pública de gran relevancia para el desarrollo de relaciones comerciales y crediticias transparentes en el país, particularmente en el sector ganadero".
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La media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para el Presupuesto tuvo todo tipo de repercusiones, mayormente asociadas a las modificaciones tributarias incluidas en el proyecto, que fueron aprobadas en su mayoría —con excepción de los cambios para el levantamiento del secreto bancario—; aunque también por la polémica que se generó en torno al artículo que habilitaba a los legisladores a solicitar información a Presidencia. Sin embargo, hubo otra cuestión que pasó más desapercibida, pero que también tiene relación con el acceso a la información.
Se trata del artículo 233 del proyecto presupuestario que, según advirtió Lideco a través de un comunicado, establece una actualización en la ley 16.002 de Modificación del Plan de Inversiones Ejercicio 1988-1989. Dicha ley indica que "los organismos estatales deberán proporcionar a la Liga de Defensa Comercial la información que les requiera para el cumplimiento de sus cometidos de defensa del crédito, del consumo y de la lealtad y corrección comercial”, con excepción de aquellos datos que tengan carácter "secreto"; pero el cambio introducido por el gobierno actual agrega también la calificación de "reservado o confidencial" a esas exclusiones.
Este añadido limita el alcance de la ley 18.381 sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública y, por lo tanto, "podría restringir en el los hechos el acceso que hoy posee Lideco —y por su intermedio el mercado— a la información contenida en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG)". En consecuencia, repercutiría negativamente en la toma de decisiones respecto a los negocios, las inversiones y el acceso al crédito comercial y financiero por parte de las empresas, sobre todo aquellas vinculadas al agro, "un sector clave de la economía nacional".
Además de ser una iniciativa que va en contra de una de las principales acciones de Lideco —sobre la cual, recuerdan, obtuvieron múltiples sentencias a su favor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los tres Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil; junto con pronunciamientos favorables por parte de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)—; preocupa en el organismo el contexto en que estos cambios buscan aprobarse.
En primer lugar, apuntan al hecho de que la disposición que "limita el acceso a la información pública se haya incorporado en una norma presupuestal, cuando por su naturaleza debería contar con la intervención preceptiva de la UAIP".
Asimismo, advierten que, en el caso de obtener la sanción definitiva en el Senado, se daría lugar a una "postura de ocultar información en un asunto dónde se precisa la máxima transparencia, en especial después de lo ocurrido con los fondos ganaderos y en sentido contrario a la tendencia de dar mayor transparencia y certeza en la información generada luego de la implementación del sistema de trazabilidad del ganado”, tal y como detalló el director gerente de Lideco, Bernardo Quesada, en el documento difundido al respecto.
También señalan que "el alcance del artículo podría restringir el acceso a otros datos de relevancia para el análisis crediticio y el desarrollo de relaciones comerciales sanas, lo que podría encarecer el crédito y afectar la competitividad de un sector fundamental para el país". Por lo que piden que la modificación sea retirada del proyecto de ley de Presupuesto: "Su aprobación podría generar un perjuicio significativo para la economía nacional y para la integridad de las relaciones comerciales en el Uruguay", concluyó la Liga de Defensa Comercial.
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