Los gobiernos departamentales agitan la pulseada política y exigen equidad antes del cierre del presupuesto.
El reclamo por recursos sacude la relación entre el interior y la Torre Ejecutiva.
El Congreso de Intendentes se declaró en sesión permanente esta semana y pusieron sobre la mesa su principal reclamo contra el gobierno como mantener el 3,33% del gasto nacional destinado a las intendencias y reequilibrar los criterios de distribución entre departamentos.
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"Tenemos hasta el 30 de julio para llegar a un acuerdo. Las prioridades de los gobiernos departamentales tiene que ver con contar con más recursos del gobierno nacional. También se habló sobre cómo mejorar la coordinación de las políticas nacionales con los departamentos y cómo mejorar la calidad del gasto a nivel departamental", expresó Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en una rueda de prensa.
El presidente del Congreso e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en una entrevista con Radio Carve fue categórico: "El gobierno está planteando una situación de restricción, pero si se quiere avanzar en descentralización, hay que redistribuir mejor y también poner un peso más. La descentralización cuesta, sale plata".
Olivera advirtió que las negociaciones están "muy lejos" de contemplar las demandas de los gobiernos departamentales. "Hay tiempo para cerrar un acuerdo. Estamos trabajando para rediscutir los criterios y las asimetrías en la distribución, especialmente en la partida del 3,33% del presupuesto", afirmó el dirigente del Partido Nacional (PN).
El Congreso también busca modificar la lógica del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Actualmente, el 60% del fondo es administrado por el gobierno central y el 40% por las intendencias. "No es más plata para el Estado, es redistribuir lo mismo de otra manera. Es un tema de voluntad y de prioridades", aseguró Olivera.
Además, subrayó las diferencias estructurales entre Montevideo y el resto del país. "Algunos siguen recibiendo porcentajes de hace 20 años, cuando sus realidades han cambiado completamente. Hay que actualizar esas fórmulas", insistió el exsenador de 44 años.
Uno de los argumentos más insistentes del Congreso es que las intendencias están cubriendo servicios que no les corresponden por ley, como salud, educación, vivienda y políticas sociales. "Hay un estudio del primer gobierno de Tabaré Vázquez que mostró que el 40% del gasto social de las intendencias se va en cosas que no son nuestras competencias. Si el gobierno se hiciera cargo de eso, seríamos Gardel y Le Pera", ironizó.
En el plano territorial, Olivera también alertó por el estado de la caminería rural: "Tenemos caminos preparados para 10.000 kilos, pero hoy pasan tritrenes de 50 toneladas. Por más creatividad que tengamos, eso no se arregla sin plata".
Consultado sobre la situación financiera de departamentos como Cerro Largo y Salto, Olivera afirmó: "Se han ofrecido ayudas y respaldos para iniciar las nuevas administraciones". En relación al proyecto de ley que regula el ingreso de personal en intendencias, indicó: "No vayamos a matar la herramienta. Si usted no puede designar a su personal de confianza, es como si un presidente no pudiera nombrar a sus ministros".
Olivera defendió su participación en el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, al que su partido, el PN, no adhirió. "Soy intendente de todos, no solo de los blancos. Me invitaron y fui. Me preocupa más que no se pierda la posibilidad de aportar", concluyó.
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