El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cerrará con sus ministros un año cargado de polémicas.
El gobierno de Luis Lacalle Pou deberá hacer algunas modificaciones a la legislación interna de Uruguay si pretende cumplir con su intención de ingresar al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), entre ellas, las vinculadas a la propiedad intelectual y a los monopolios estatales.
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Si bien el presidente presentará la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico recién el 1° de diciembre, el proceso para lograr la eventual incorporación es largo y complejo, no solo porque desde que se firmó ningún otro socio ingresó al mismo —Uruguay se suma a la lista de espera por detrás del Reino Unido, que aguarda desde 2018, China, Taiwán y Ecuador—; sino también porque el Poder Ejecutivo deberá modificar disposiciones internas que significarán grandes cambios en el país.
Esto se debe a que el CPTPP es un acuerdo de avanzada que incorpora distintos estándares de cooperación más allá de los habituales temas arancelarios entre países: contempla también aspectos ambientales, de normativa laboral, de propiedad intelectual, y de regulación de las compras públicas y los mercados con participación del Estado.
Los compromisos para ingresar al Acuerdo Transpacífico incluye un disciplinamiento de las empresas del Estado, por lo que la eventual adhesión supondrá un gran impacto en Uruguay, que tiene el monopolio de diferentes recursos estratégicos, con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) como un ejemplo principal.
Al respecto, el acuerdo elimina las preferencias para la industria local en las compras públicas y empresas del Estado. Si bien las firmas estatales uruguayas operan mayormente en el mercado local y no suelen exportar, lo cierto es que el gobierno deberá abrir más notoriamente las operaciones al capital privado, haciendo las modificaciones necesarias en la legislación interna.
La cuestión de la propiedad intelectual y las patentes consideradas en el CPTPP también chocan con la normativa uruguaya, principalmente respecto de la falta de aprobación legislativa del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Para que la incorporación de Uruguay sea aprobada, el Parlamento deberá dar el visto bueno al tratado, lo que implicará que algunos medicamentos que hoy se elaboran solo en el país, puedan producirse también en el exterior —lo que afectará a la industria farmacéutica local.
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