El caso desató un duro cruce entre Javier García y el Frente Amplio por la filtración del narcotráfico en la política.
La Fiscalía de Estupefacientes incautó 250 kilos de pasta base en la investigación que derivó en la condena del colaborador del edil del Partido Nacional.
El Directorio del Partido Nacional (PN) resolvió por unanimidad desvincular durante dos años al edil de Montevideo, Gonzalo Gómez, luego de que su asesor, Pablo Leiva, fuera condenado en setiembre por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador, una causa de narcotráfico que derivó en la incautación de 250 kilos de pasta base.
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El edil deberá además devolverle a la Junta Departamental de Montevideo todo el dinero que le pagó a Leiva sin que este cumpliera tareas durante diez meses, desde diciembre de 2025.
El presidente del PN, Álvaro Delgado, informó la decisión en una conferencia de prensa este lunes, tras explicar que el caso había sido derivado a la Comisión de Ética del partido a pedido del propio Gómez. Según la resolución que leyó Delgado, la suspensión por dos años responde "a la valoración ética efectuada por la Comisión respecto a la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes", y establece que, mientras dure la medida, el edil "debería apartarse del ejercicio del cargo".
El Directorio tomó además conocimiento del compromiso asumido por Gómez de restituir a la Junta Departamental las sumas pagadas por tareas que nunca se realizaron, y reafirmó, según el texto, su compromiso "con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos" por parte de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias.
Delgado remarcó que Gómez "no está implicado ni indagado en un tema penal" y lo definió como alguien que "tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía, pero que además reconoció que no cumplía tareas". Luego, el dirigente agregó: "Para nosotros es un tema ético".
El caso se originó en una investigación de la Fiscalía de Estupefacientes que derivó en la condena de Pablo Leiva por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Según la propia Fiscalía, Leiva "adquiría el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal". La causa se inició a partir de una denuncia anónima contra un socio de Leiva, que llevó a los investigadores hasta el asesor del edil tras constatar que había concurrido al domicilio de ese socio a entregar bolsas con dinero en efectivo.
El hijo de Leiva, Lucio, también se desempeñaba como colaborador de Gómez y llegó a ser detenido en el marco de la causa, aunque luego fue liberado y, hasta donde trascendió, continúa vinculado al edil. Cuando se conoció la noticia de la condena, Gómez, que se encontraba de viaje en China, anunció en su cuenta de X la desvinculación de su asesor. Días después, en una conferencia de prensa, el edil del sector Por la Patria asumió el "error" de haber contratado a Leiva, dijo desconocer su "actividad ilícita" y sostuvo que no había "mérito" para presentar la renuncia a su banca.
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una resolución en la que expresó preocupación por lo que calificó como un "riesgo permanente" de penetración de fondos del crimen organizado en la política, y señaló que la empresa utilizada para las maniobras de lavado podría formar parte de la declaración patrimonial, como bien ganancial, de "un importante jerarca" del propio PN. El Frente Amplio anticipó que convocaría a su bancada en la Junta Departamental de Montevideo y a su representación parlamentaria para definir acciones en los ámbitos que correspondan.
Desde el oficialismo, el senador nacionalista, Javier García, salió al cruce de esos cuestionamientos y afirmó que "ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al PN", en una respuesta que se suma a una serie de cruces previos entre dirigentes de ambos partidos por casos de integrantes de sus propias filas vinculados a investigaciones judiciales.