Buró de Crédito: ¿Qué dice el Artículo 17 de la Constitución sobre la cárcel por deudas en México?

Las constantes amenazas por pedido de prisión a deudores, despiertan la duda y angustia de muchas personas, por ello, checa todos los detalles del marco normativo.

Buró de Crédito: ¿Qué dice el Artículo 17 de la Constitución sobre la cárcel por deudas en México?

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En México, el temor a enfrentar un proceso legal o terminar en la cárcel por falta de pago es una de las dudas más recurrentes entre quienes tienen un saldo pendiente con instituciones financieras. Las llamadas constantes de despachos de cobranza y las advertencias sobre supuestas "listas negras" suelen alimentar el pánico; sin embargo, la legislación mexicana es clara al respecto para proteger la libertad individual frente a compromisos de carácter mercantil o civil.

La principal duda radica en si el Buró de Crédito tiene la facultad de ordenar detenciones. Es fundamental aclarar que el Buró es una Sociedad de Información Crediticia (SIC) y no una autoridad judicial. Su función se limita a reportar el comportamiento de pago de los usuarios, por lo que estar en sus registros con una nota negativa no equivale a un historial criminal ni otorga facultades de arresto a los acreedores.

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¿Qué dice el Artículo 17 de la Constitución sobre las deudas?

El pilar jurídico que brinda tranquilidad a los deudores en México es el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este texto constitucional establece de manera tajante: "Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". Esto significa que, independientemente del monto adeudado a un banco, una tienda departamental o mediante una tarjeta de crédito, el incumplimiento no se considera un delito penal.

De acuerdo con la CONDUSEF, las deudas derivadas de contratos financieros entran en la categoría civil o mercantil. Por lo tanto, aunque una institución puede iniciar un juicio para intentar recuperar el dinero —lo cual podría derivar en un embargo de bienes bajo orden judicial—, el sistema legal prohíbe el uso de la prisión como medida de presión para el cobro de estas obligaciones financieras.

Buró de Crédito y las falsas amenazas de los despachos de cobranza

Es común que algunos despachos de cobranza extrajudicial utilicen tácticas intimidatorias, mencionando supuestas órdenes de aprehensión o el uso de la fuerza pública. Sin embargo, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y las normativas de la CONDUSEF prohíben estrictamente que los cobradores envíen documentos que aparenten ser resoluciones judiciales o que amenacen con la cárcel.

Si recibes amenazas de este tipo, es importante saber que la cobranza extrajudicial ilegal es un delito en México, sancionado por el Código Penal Federal. Ningún cobrador tiene la autoridad para entrar a tu domicilio sin una orden emitida por un juez, y mucho menos para privarte de la libertad por un saldo pendiente en tu historial crediticio.

Excepciones: ¿Cuándo sí podría haber riesgo penal?

Aunque por una deuda de tarjeta de crédito o préstamo personal no irás a la cárcel, existen situaciones específicas donde el panorama legal cambia. La protección del Artículo 17 no aplica si se demuestra la comisión de un delito como el fraude. Por ejemplo, si se utilizaron documentos falsos para obtener el crédito o si se puede comprobar que hubo una intención dolosa de engañar a la institución financiera desde el inicio.

Asimismo, las deudas de carácter fiscal (con el SAT) o el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias tienen un tratamiento jurídico distinto y sí pueden derivar en sanciones penales. Para el resto de los créditos de consumo reportados en el Buró de Crédito, la mayor consecuencia será una baja calificación crediticia que dificultará la obtención de nuevos financiamientos en el futuro, pero nunca la pérdida de la libertad.