El Senado de la República aprobó con una mayoría de 73 votos la creación de la Ley de Economía Digital, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca modernizar el sistema financiero nacional mediante la promoción obligatoria de los pagos electrónicos. Esta nueva legislación tiene como propósito central reducir el uso del dinero físico en las transacciones diarias, estableciendo que la adopción de canales digitales generará mayores niveles de eficiencia, incrementará la seguridad de los usuarios y reducirá los costos operativos del mercado.
Desde la perspectiva del oficialismo, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, aseguró que la medida fortalecerá estructuralmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La incorporación de medios de cobro digitales permitirá a los comerciantes locales ampliar sus canales de venta a distancia y generar registros de ingresos verificables, una herramienta clave para que las instituciones financieras conozcan su actividad económica real y puedan otorgarles nuevas líneas de crédito formal.
La Ley de Economía Digital plantea reducir el uso de efectivo
Uno de los principales puntos de la propuesta es la eliminación gradual del efectivo en sectores estratégicos, con las gasolineras y las carreteras como los primeros espacios contemplados. El objetivo es que las operaciones puedan realizarse mediante medios digitales y electrónicos, aunque la transición sería progresiva y todavía deben definirse los mecanismos para su aplicación.
La medida no implica que el efectivo vaya a desaparecer de todas las operaciones en México. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por las autoridades, se busca reducir su utilización en determinadas actividades.
Actualmente, el efectivo continúa teniendo un peso importante en las operaciones de bajo monto. José Antonio Peña Merino señaló que alrededor del 85% de los pagos menores a 500 pesos se realizan en efectivo, por lo que la estrategia busca ampliar el uso de herramientas como SPEI y CoDi.
La propuesta contempla que los pagos digitales puedan realizarse de manera rápida. En el caso de CoDi, el esquema presentado permite abrir la opción desde la app de una institución financiera, generar o escanear un código QR y confirmar la operación.
Según la información presentada, una transferencia mediante este sistema podría completarse en aproximadamente cuatro o cinco segundos. Además, SPEI y CoDi no cobran comisiones por estas operaciones ni al usuario ni al comercio.
Rechazo de la oposición: comisiones bancarias, inflación y control fiscal
A pesar del aval de la mayoría, el bloque opositor advirtió sobre las severas consecuencias económicas que esta transición tendrá sobre el pequeño comercio y los consumidores. José Máximo García, legislador del PAN, alertó que la ley generará una "inflación digital por decreto", ya que forzará a los comerciantes de mercados a contratar servicios de internet y rentar terminales con comisiones bancarias del 1.5 al 4.5 por ciento por venta. Estos costos operativos, advirtió, inevitablemente se trasladarán al precio final de productos básicos como el huevo, la leche y las tortillas, obligándolos además a declarar sus ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el ámbito técnico y operativo, la senadora priista Claudia Anaya cuestionó la ausencia de observaciones por parte del Banco de México, señalando que la nueva legislación presenta cuatro antinomias directas con la Ley Monetaria vigente. Asimismo, la legisladora criticó que, pese a la promesa de una transición gradual, los artículos aprobados ordenan una aplicación inmediata y facultan a la Secretaría de Hacienda para emitir posteriormente la lista de los sectores donde el cobro digital será estrictamente obligatorio.
El debate legislativo evidenció posturas polarizadas sobre el objetivo final de la ley. Mientras el senador Néstor Camarillo (Movimiento Ciudadano) acusó que la iniciativa es una estrategia recaudatoria del gobierno para extraer más recursos de los mexicanos que utilizan el efectivo para sobrevivir el día a día, el oficialista Gerardo Fernández Noroña (Morena) defendió el dictamen argumentando que la resistencia opositora busca proteger la corrupción. Según el legislador morenista, la obligatoriedad de la digitalización evidenciará a quienes reciben dinero en efectivo que no coincide con sus ingresos declarados, cerrando así los espacios para operaciones ilícitas.
