El fraude en CDMX que genera temor en la población: el dato que genera preocupación en la capital

Un esquema delictivo en expansión alerta a las autoridades capitalinas por el constante incremento de víctimas registradas en la vía pública y entornos digitales.

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El incremento en la incidencia de delitos patrimoniales representa una preocupación constante para las autoridades de seguridad pública y la ciudadanía en la CDMX. En los meses recientes, diversas modalidades de engaño han mostrado una presencia cada vez más recurrente en varios puntos de la capital.

Los responsables de estas maniobras recurren a tácticas sofisticadas que vulneran la confianza de la población mediante el uso de herramientas tecnológicas y contacto directo. La rapidez con la que operan estas redes dificulta la detección inmediata por parte de las víctimas, lo que propicia un impacto económico directo en los afectados.

Frente a esta coyuntura, los organismos de procuración de justicia han emitido recomendaciones operativas para identificar los mecanismos de operación empleados en este delito. Reconocer las señales de alerta y conocer los canales de denuncia resulta clave para evitar caer en estas prácticas ilícitas.

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El despojo de inmuebles en la CDMX: cifras, modus operandi y los vacíos notariales tras el problema

La apropiación ilegal de inmuebles representa un foco rojo de gran escala en la Ciudad de México. Registros públicos de la Fiscalía General de Justicia local, revelan la existencia de por lo menos 1,978 indagatorias iniciadas por este delito. La problemática se focaliza principalmente en tres demarcaciones: Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón, las cuales aglutinan el 56% de los expedientes. A la par, reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan una tasa de frecuencia de al menos 21.4 denuncias por cada 100 mil colonos.

Un claro ejemplo de la forma en que se ejecuta este ilícito lo atraviesa la familia Casillas, que acumula casi diez años luchando por recobrar su patrimonio en la colonia Escandón. En 2016, un grupo de sujetos irrumpió en la vivienda habitada por María Eugenia Casillas Vázquez para sacar sus cosas y sacarla por la fuerza. Poco después, un litigante exigió la titularidad del predio exhibiendo un título de propiedad expedido por una notaría en Apan, Hidalgo. Los afectados promovieron la querella correspondiente en 2017, expediente que aún no concluye.

El litigio evidencia además la intrincada maraña jurídica que suelen arrastrar estos pleitos. En 2025, la autoridad ministerial reconoció los derechos de Roberto Jayme Casillas y le restituyó el inmueble; sin embargo, una contraparte interpuso un juicio de amparo, devolviendo el choque a los juzgados. La defensa legal de los afectados advierte sobre la posible presencia de una organización criminal volcada al robo de bienes raíces, si bien las diligencias oficiales siguen su marcha sin que exista una sentencia firme que corrobore dicha teoría.

Un factor adicional de alerta radica en cómo ciertos trámites ante fedatarios entorpecen las pesquisas. El jurista Arturo Aparicio Velázquez precisó que el marco legal faculta a los notarios para certificar operaciones de compraventa sobre bienes asentados en otros estados. Si una transacción de este tipo entra en controversia, los agentes ministeriales se ven obligados a tramitar exhortos e intercambiar solicitudes entre entidades, trámite institucional que ralentiza el avance del proceso y dilata su llegada ante un juez.