La mandataria federal instruyó una revisión exhaustiva de los padrones de comunidades originarias en conjunto con el INPI; el objetivo es eliminar las trabas burocráticas que frenan la llegada de recursos a las zonas de mayor rezago.
Claudia Sheinbuam y Leticia Ramírez.
En un movimiento que busca consolidar el "segundo piso" de la política social en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido una directriz prioritaria a la Secretaría de Bienestar. Durante la Mañanera del Pueblo de este miércoles, solicitó formalmente a la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, agilizar la integración de los registros de comunidades indígenas con la base de datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El objetivo central de este pedido es simple en la teoría, pero complejo en la ejecución: garantizar que los apoyos económicos lleguen de manera directa y sin intermediarios a las poblaciones que, por falta de reconocimiento administrativo o trabas en el registro oficial, han quedado al margen de los programas del Bienestar.
La instrucción de Sheinbaum responde a una problemática recurrente en la frontera administrativa del gobierno. Muchas comunidades indígenas poseen sistemas de organización propios que no siempre coinciden con los padrones tradicionales. Al cruzar los datos con el INPI, la Secretaría de Bienestar podrá:
Identificar núcleos poblacionales en zonas de difícil acceso que no han sido censados.
Validar la pertenencia étnica para programas específicos con perspectiva de género y edad.
Facilitar la entrega de apoyos directos, eliminando requisitos que históricamente han excluido a los pueblos originarios.
Para los analistas de este diario, la medida tiene un trasfondo financiero relevante. Al ampliar la base de beneficiarios en comunidades indígenas, se inyecta liquidez inmediata en las economías locales de subsistencia, lo que genera un efecto multiplicador en el consumo interno de las regiones más pobres del país.
La revisión del registro no es un trámite administrativo más; es la llave para que el presupuesto público cumpla su función redistributiva a partir de ahora.