Las auditorías de la autoridad tributaria han tomado una dinámica mucho más directa en las puertas de los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene operativos activos mediante visitas domiciliarias para fiscalizar a quienes hayan emitido comprobantes por operaciones inexistentes o sin sustento real. Esta supervisión directa busca comprobar el cumplimiento estricto de las obligaciones fiscales y aduaneras, amparada bajo la reglamentación aplicable a los ciudadanos auditados.
El procedimiento legal no solo se enfoca en la facturación irregular, sino que abarca la verificación de devoluciones de impuestos y el control sobre asesores que aplican esquemas reportables. En el sector del comercio exterior, la autoridad inspecciona que la tenencia e importación de mercancías de origen extranjero cuente con la documentación legal correspondiente. Si el titular no se ubica en el inmueble al momento de la revisión, se deja un citatorio formal para el día hábil posterior; de mantenerse la ausencia, la diligencia procede con quien esté en el sitio.
Las facultades de inspección en el domicilio no manejan un calendario fijo, aunque la temporada de vacaciones y cierres contables concentra una mayor operatividad. Las visitas se ejecutan prioritariamente en días y horas hábiles, dentro del rango comprendido entre las 7:30 y las 18:00 horas, con la capacidad legal de habilitar horarios extraordinarios para el aseguramiento de bienes. En el ámbito aduanero, la normativa establece que todos los días y horas del año son completamente hábiles para la fiscalización.
El organismo recaudador ejecuta inspecciones directamente en los domicilios fiscales para verificar la autenticidad de las facturas emitidas por los contribuyentes.
SAT implementa semáforo nacional para la atención presencial en sus oficinas
Para quienes requieren realizar trámites de forma presencial, la autoridad tributaria dio a conocer el reporte de disponibilidad en sus módulos desplegados en las 32 entidades del país. De acuerdo con el monitoreo oficial, el 74% de los módulos del SAT registra una alta disponibilidad, lo que permite obtener un espacio para atención en un lapso estimado de uno a diez días hábiles. Este porcentaje representa una oportunidad para realizar diligencias sin enfrentar esperas prolongadas en la mayoría de las regiones.
Un 20% de las sedes opera con disponibilidad media, donde los turnos presenciales se asignan en un rango de 11 a 20 días hábiles. Por otro lado, únicamente el 6% de las oficinas presenta un nivel crítico de saturación, situándose en color rojo con plazos de espera que superan los 21 días hábiles debido a la alta demanda local. Este esquema busca que el contribuyente proyecte sus citas con anticipación según la ubicación de su módulo más cercano.
Las facilidades presenciales incluyen excepciones prioritarias para ciertos grupos vulnerables. Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como personas con discapacidad, pueden acudir a las instalaciones a realizar sus gestiones sin necesidad de agendar una cita previa en el sistema digital.
El mapa nacional de disponibilidad muestra un 74% de módulos con baja saturación para la programación de citas presenciales en el país.
SAT restringe la presencia física e impulsa sus herramientas electrónicas
A pesar del despliegue de citas presenciales, la autoridad recaudadora enfatiza que la presencia física del contribuyente en las oficinas solo es obligatoria para el trámite de generación de la e.firma (Firma Electrónica Avanzada) por primera vez. El resto de las gestiones administrativas pueden tramitarse mediante las aplicaciones digitales oficiales, el portal institucional y la Oficina Virtual del SAT, herramientas diseñadas para realizar procedimientos a distancia de forma eficiente.
Asimismo, la institución recuerda que todos los servicios que brinda la administración pública son completamente gratuitos. El organismo advierte que la venta de citas o cobros por agilizar trámites constituyen un delito, por lo que exhorta a la población a denunciar cualquier acto de corrupción a través de sus canales oficiales de atención ciudadana.
