Las filiales mexicanas de BBVA México y Santander, junto con Bank of America, Citi, Deutsche Bank y HSBC, acordaron pagar 86.4 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por la presunta manipulación del mercado de bonos mexicanos. El acuerdo preliminar fue presentado ante un tribunal federal de Manhattan y todavía necesita autorización judicial para concretarse.
Golpe para BBVA México, Santander y más bancos: deberán depositar más de 86 millones de dólares de manera inmediata por este caso
Los bancos más destacados de México están enfrentándose a un conflicto que los golpea con fuerza. Entérate de qué se trata.
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El litigio comenzó después de que fondos de pensiones estadounidenses acusaran a los bancos de coordinar operaciones para alterar los precios de bonos del Gobierno de México, Cetes y otros instrumentos de deuda. Las acusaciones apuntan a prácticas realizadas durante distintos periodos, mientras que las instituciones financieras han negado haber incurrido en conductas indebidas.
El caso tiene además antecedentes en México. La entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) documentó 142 acuerdos entre operadores de diferentes bancos y determinó que las conductas investigadas generaron daños por 29 millones de pesos al mercado de valores gubernamentales, además de imponer sanciones económicas por alrededor de 36 millones de pesos.
Cómo fue la presunta manipulación del mercado de bonos mexicanos
De acuerdo con la investigación mexicana y las acusaciones planteadas ante los tribunales estadounidenses, operadores de distintas instituciones financieras habrían intercambiado información mediante chats disponibles en terminales de Bloomberg. El objetivo, según el expediente de Cofece, habría sido coordinar precios, márgenes y momentos de venta de bonos y otros instrumentos de deuda gubernamental.
La demanda colectiva presentada en Estados Unidos sostuvo que los bancos habrían conspirado para influir en los precios de los bonos mexicanos y obtener condiciones favorables en las operaciones. Entre las acusaciones se encuentran la coordinación de posturas, la venta de títulos a precios presuntamente inflados y la ampliación artificial de los diferenciales entre compra y venta.
El expediente también señala que los hechos investigados involucraron operaciones realizadas entre 2010 y 2013, mientras que la demanda estadounidense contempló un periodo más amplio. Los inversionistas que llevaron el caso ante los tribunales de Estados Unidos incluyeron fondos de pensiones que aseguraron haber resultado afectados por estas prácticas.
En México, la investigación de Cofece terminó con multas para los bancos involucrados. Deutsche Bank recibió una sanción de 8.7 millones de pesos, mientras que Barclays fue multado con 6.3 millones de pesos; JPMorgan recibió la sanción más baja, de 378,504 pesos, según la revisión del expediente realizada por EL CEO.
El conflicto también llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Uno de los recursos promovidos por Bank of America llegó a la entonces Segunda Sala, que en marzo de 2025 negó el amparo solicitado por la institución financiera.
El acuerdo preliminar al que llegaron bancos mexicanos por este caso
El nuevo acuerdo contempla un pago conjunto de 86.4 millones de dólares por parte de las filiales mexicanas de BBVA, Santander, Bank of America, Citi, Deutsche Bank y HSBC. La propuesta fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan y requiere la aprobación definitiva de un juez para convertirse en una resolución del litigio.
El monto se suma a los acuerdos alcanzados anteriormente por JPMorgan y Barclays. Ambas instituciones pactaron pagos de 15 millones y 5.7 millones de dólares, respectivamente, en 2020, por lo que la recuperación total relacionada con el caso ascendería a 107.1 millones de dólares antes de descontar los gastos legales.
Los bancos que forman parte del acuerdo preliminar no admitieron responsabilidad ni reconocieron haber cometido las conductas señaladas por los demandantes. Por ello, los 86.4 millones de dólares corresponden a un acuerdo para resolver las reclamaciones pendientes y no a una multa impuesta directamente por un tribunal por haber encontrado culpables a las instituciones.



