La posibilidad de revertir la reforma de 2007 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) volvió a colocarse en el centro del debate nacional debido a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que una medida de este tipo tendría consecuencias económicas de gran magnitud para el país.
Marcha atrás de la reforma 2007 del ISSSTE: esto pasaría con todas las pensiones si se deroga la ley
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De acuerdo con estimaciones del propio ISSSTE, eliminar el sistema vigente implicaría un costo superior a los 7 billones de pesos, una cifra equivalente a cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. El monto supera ampliamente la capacidad financiera del Estado y pone sobre la mesa interrogantes sobre la viabilidad de cualquier modificación profunda al esquema actual.
Además del impacto fiscal, la discusión también abre un debate sobre el futuro de las pensiones en México, los ahorros acumulados por millones de trabajadores y los posibles efectos que una decisión de este tipo podría generar en otros sistemas de seguridad social, como el del IMSS.
Qué pasaría si se deroga la reforma 2007 del ISSSTE-
El director general del ISSSTE, Martí Batres, advirtió que cumplir con la exigencia de derogar la reforma de 2007 tendría un impacto financiero equivalente a 20 puntos del PIB nacional. Considerando que cada punto del PIB representa aproximadamente 354 mil millones de pesos, la factura total superaría los 7 billones de pesos.
La magnitud de la cifra resulta difícil de dimensionar. Para comparar, el gasto federal destinado al pago de pensiones durante 2025 ronda poco más de 1 billón de pesos. Es decir, el costo de revertir la reforma equivaldría a varios años completos de gasto pensionario del gobierno federal.
Según las autoridades, el problema principal es que el Estado mexicano no cuenta actualmente con recursos suficientes para absorber una carga de tal tamaño. Ningún presupuesto proyectado para los próximos años contempla una erogación cercana a esa cantidad, lo que convierte la propuesta en un desafío financiero de enormes proporciones.
El debate no solo involucra a los trabajadores del sector público. Los especialistas advierten que una marcha atrás en el modelo vigente podría generar incertidumbre sobre la sostenibilidad de todo el sistema de pensiones en México, afectando la confianza en las reglas que han regido durante casi dos décadas.
Un golpe silencioso: a cuántas personas podría afectar este cambio
Más allá de las cifras macroeconómicas, existe una consecuencia directa que preocupa a expertos y autoridades: el impacto sobre los ahorros acumulados por trabajadores afiliados al ISSSTE.
Actualmente, cerca de 2 millones de empleados públicos han construido su patrimonio para el retiro mediante cuentas individuales administradas por las Afores. Si se eliminara la reforma de 2007 y se regresara al esquema anterior, esos recursos podrían verse afectados por el cambio de modelo.
Para muchos analistas, esta situación representaría uno de los mayores desafíos a la certeza jurídica y financiera de los últimos años. Los trabajadores han realizado aportaciones durante casi dos décadas bajo reglas específicas y cualquier modificación podría generar controversias legales y económicas.
A ello se suma un riesgo adicional: el llamado “efecto dominó”. Si el gobierno accediera a revertir el sistema de cuentas individuales del ISSSTE, millones de afiliados al IMSS podrían exigir un trato similar, ya que operan bajo un esquema comparable desde 1997.
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