Hay un sector de los contribuyentes mexicanos que tendrán que hacerse cargo de determinadas auditorías en el Servicio de Administración Tributaria.
Quiénes son los contribuyentes que podrían enfrentar auditorías del SAT en noviembre 2026.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría revisar durante noviembre de 2026 a personas físicas y morales que presenten irregularidades en sus declaraciones, omitan ingresos o realicen operaciones financieras que representen un riesgo fiscal. Entre las conductas que pueden motivar una auditoría fiscal se encuentran el uso de facturas falsas, las deducciones improcedentes y las diferencias entre las compras, las importaciones y las ventas declaradas.
La autoridad tributaria mexicana estableció criterios para identificar a los contribuyentes con mayor riesgo de incumplimiento y concentrar sus recursos en las operaciones que podrían derivar en evasión de impuestos. Estas disposiciones forman parte de la estrategia de fiscalización del SAT para 2026 y no implican que todas las personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vayan a ser auditadas.
De acuerdo con los criterios oficiales, también pueden quedar bajo revisión quienes soliciten devoluciones de impuestos sin sustento, abusen de los estímulos fiscales o no entreguen al fisco las retenciones correspondientes a sus trabajadores. Aunque noviembre es el periodo señalado en los reportes sobre estas revisiones, el SAT no estableció una lista pública de personas que serán auditadas específicamente durante ese mes ni un calendario general de inspecciones.
El SAT identifica distintas conductas de riesgo fiscal para seleccionar a los contribuyentes que podrían enfrentar una revisión. Según los criterios publicados por el organismo, los principales casos que pueden motivar una auditoría son los siguientes:
Operaciones con factureras o nomineras: personas y empresas que realizan transacciones con compañías que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o participan en esquemas irregulares de nómina.
Pérdidas fiscales recurrentes: contribuyentes que declaran pérdidas de manera reiterada y presentan elementos que generan dudas sobre la congruencia de sus operaciones.
Deducciones falsas o excesivas: quienes registran gastos inexistentes o utilizan deducciones improcedentes para reducir la cantidad de impuestos que deben pagar.
Ingresos no declarados: personas físicas o morales que omiten ingresos en sus declaraciones fiscales o presentan diferencias entre sus operaciones reales y los montos informados al SAT.
Abuso de estímulos fiscales: contribuyentes que utilizan beneficios tributarios sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.
Inconsistencias comerciales: empresas cuyas compras, importaciones y ventas no coinciden con la información declarada ante las autoridades.
Importaciones irregulares: negocios que ingresan mercancías a precios considerablemente inferiores a los del mercado o incumplen las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Retenciones de trabajadores no enteradas: patrones que descuentan impuestos a sus empleados, pero no entregan esos recursos al fisco.
Operaciones con paraísos fiscales: contribuyentes que realizan transacciones con territorios de baja tributación que pueden requerir una revisión de su tratamiento fiscal.
Solicitudes de devoluciones improcedentes: personas o empresas que solicitan saldos a favor sin documentación suficiente o sin cumplir con los requisitos legales.
Pago de una tasa efectiva inferior a la del sector: empresas cuya proporción de impuestos pagados respecto de sus ingresos resulta significativamente menor a la de otras compañías de su actividad económica y amerita una revisión.
Estos criterios no significan que una diferencia contable o una operación internacional constituyan automáticamente una infracción. La autoridad debe evaluar las circunstancias de cada caso y determinar si existen elementos que justifiquen iniciar un procedimiento de fiscalización.
El SAT informó que su estrategia para 2026 busca concentrar las auditorías en los contribuyentes con mayores indicadores de riesgo. Por eso, mantener la contabilidad actualizada, emitir comprobantes fiscales por operaciones reales y verificar que las declaraciones coincidan con los registros contables son medidas importantes para reducir posibles inconsistencias.
El SAT puede realizar tres tipos principales de auditoría fiscal para comprobar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. La modalidad depende de las características de la revisión y de la información que la autoridad necesita verificar.
Revisión electrónica: se lleva a cabo mediante el Buzón Tributario y utiliza información digital, declaraciones y comprobantes fiscales para detectar posibles inconsistencias. La autoridad puede notificar observaciones y solicitar aclaraciones por esta vía.
Revisión de gabinete: consiste en requerir al contribuyente documentos, registros contables, declaraciones y otros elementos para analizarlos en las oficinas del SAT. La documentación debe entregarse en los términos y plazos establecidos en el requerimiento.
Visita domiciliaria: implica que personal autorizado del SAT acuda al domicilio fiscal o al establecimiento del contribuyente para revisar libros contables, comprobantes y otra documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones.
De acuerdo con los criterios de fiscalización anunciados por el organismo, para 2026 se prevé priorizar las revisiones de contribuyentes que presenten mayores indicadores de riesgo. Además, el SAT informó que, cuando exista incumplimiento en el pago de impuestos, realizará una sola auditoría por contribuyente y solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión, en lugar de revisar necesariamente el 100% de la información.