Seis de cada diez empresas registradas omiten el pago de impuestos. El SAT ajusta su estrategia para elevar la recaudación sin una reforma fiscal.
SAT tiene en la mira a 550 mil empresas que operan en la sombra de la legalidad
La estructura tributaria en México enfrenta un fenómeno atípico: la existencia de miles de unidades económicas que, aunque cuentan con un registro formal, no aportan al erario. De acuerdo con datos recientes presentados en la Cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2026, aproximadamente el 60 por ciento de las empresas inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no pagan impuestos.
Esta cifra revela un margen de maniobra considerable para las finanzas públicas, permitiendo visualizar un incremento en los ingresos sin la necesidad de castigar a los contribuyentes cumplidos con nuevas tasas o gravámenes adicionales.
Durante su intervención en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Lerma Cotera detalló la magnitud de esta brecha. Actualmente, el padrón de personas morales en el país asciende a unas 900 mil entidades, pero la realidad operativa es drásticamente distinta, ya que apenas 350 mil empresas cumplen efectivamente con sus obligaciones fiscales. Esto deja a un universo de 550 mil compañías bajo la lupa de la autoridad, representando el objetivo principal de la política de fiscalización para el presente ciclo presupuestario.
El compromiso del gobierno federal es claro: agotar el potencial de la base tributaria existente antes de plantear cambios legislativos en materia de impuestos. La instrucción desde la Presidencia de la República es evitar una reforma fiscal y, en su lugar, apostar por la eficiencia administrativa. La recaudación ha mostrado una resiliencia notable, pasando de representar el 12.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 a una proyección del 15.6 por ciento para este 2026, un avance que descansa casi exclusivamente en el combate a la evasión.
El diagnóstico oficial señala que el crecimiento de los ingresos públicos no provendrá de los bolsillos de quienes ya pagan, sino de integrar a quienes han permanecido en una suerte de "limbo fiscal". El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado que este grupo de empresas registradas pero no contribuyentes es el yacimiento de recursos más importante para financiar el gasto público. Al no existir planes para elevar las tasas impositivas, la inteligencia fiscal se volcará en entender por qué más de medio millón de personas morales logran evadir el pago de ISR o IVA a pesar de estar constituidas legalmente.
Esta estrategia de fiscalización dirigida ha permitido que México se alinee con el promedio de recaudación de América Latina, que se ubica en el 15.3 por ciento del PIB. Sin embargo, el país todavía se encuentra lejos del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio ronda el 20 por ciento. La brecha se explica en gran medida por la baja productividad de las unidades que operan en la opacidad; aunque la informalidad abarca al 54 por ciento de las empresas, su aporte al valor económico nacional es de apenas el 25 por ciento.
Para revertir este escenario, la autoridad tributaria no solo utiliza la vigilancia, sino también incentivos de simplificación. El enfoque principal está en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales concentran la mayor parte de la generación de empleo pero enfrentan barreras de cumplimiento por su limitada capacidad administrativa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impulsa el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) como la puerta de entrada definitiva a la formalidad, ofreciendo tasas preferenciales que pueden ser tan bajas como el 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos.
La narrativa oficial busca desmitificar la idea de que la informalidad genera ahorros genuinos. Para las autoridades hacendarias, operar fuera del radar del fisco resulta "más caro" a largo plazo debido a la falta de acceso a financiamiento bancario, incentivos gubernamentales y la imposibilidad de escalar el modelo de negocio. El objetivo para 2026 es que el cumplimiento sea tan sencillo que una contabilidad compleja no sea el pretexto para permanecer como un contribuyente omiso.
Las proyecciones para el cierre de este ejercicio son ambiciosas pero, según Hacienda, alcanzables bajo este modelo de gestión. Se estima que los ingresos presupuestarios del sector público alcanzarán los 8 billones 721 mil millones de pesos. Esta cifra representa un incremento real cercano al 2 por ciento en comparación con el año anterior, inyectando 492 mil millones de pesos adicionales a las arcas nacionales sin haber modificado una sola coma de las leyes tributarias actuales.
La meta final es consolidar un sistema donde la justicia fiscal signifique que todos los registrados participen en el sostenimiento del Estado. Con la lupa puesta sobre las 550 mil empresas que no declaran utilidades, el gobierno federal apuesta a que la tecnología y la simplificación administrativa terminen por cerrar la brecha de incumplimiento. En este tablero económico, la eficiencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la pieza clave para mantener la estabilidad macroeconómica de México en la segunda mitad de la década.