La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a un mecanismo clave en el combate al lavado de dinero en el sistema financiero: el bloqueo de cuentas bancarias de manera preventiva cuando existan indicios de operaciones ilícitas.
La SCJN respalda acciones del Gobierno federal para prevenir delitos como el lavado de dinero, financimiento del terrorismo, entre otras.
Suprema Corte valida el bloqueo de cuentas bancarias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a un mecanismo clave en el combate al lavado de dinero en el sistema financiero: el bloqueo de cuentas bancarias de manera preventiva cuando existan indicios de operaciones ilícitas.
La resolución, emitida el lunes 6 de abril de 2026, impacta directamente a usuarios de instituciones como Banamex, BBVA México, Banco Azteca y otras entidades, al validar que las autoridades pueden congelar recursos ante sospechas fundadas.
El máximo tribunal declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluir a personas físicas o morales en la Lista de Personas Bloqueadas.
Esto ocurre cuando existen indicios suficientes de posibles vínculos con delitos como:
La medida implica que las cuentas bancarias puedan ser congeladas de forma inmediata.
Uno de los puntos clave del fallo es que la Corte aclaró que el bloqueo no es una sanción penal, sino una acción administrativa preventiva.
Es decir, no implica que la persona sea culpable de un delito, sino que busca evitar riesgos al sistema financiero mientras se investiga el caso.
Además, se establece que las personas afectadas tienen derechos garantizados, como:
La Corte también fortaleció las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, al permitirle ordenar bloqueos con base en información nacional o internacional, sin necesidad de que exista una solicitud formal de otro país.
Este punto es relevante, ya que elimina obstáculos que antes retrasaban las acciones contra operaciones sospechosas.
Aunque la Corte no enumera casos específicos, el criterio se enfoca en operaciones que generen alertas, como:
En estos escenarios, la UIF puede integrar un expediente con evidencia suficiente para ordenar el congelamiento de cuentas.
Con esta decisión, tomada en la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, la Suprema Corte refuerza el marco legal para combatir delitos financieros en México y alinea al país con estándares internacionales.
El fallo también deja claro que el equilibrio entre seguridad financiera y derechos individuales se mantiene, al garantizar mecanismos de defensa para los ciudadanos.
En adelante, el sistema bancario mexicano operará con mayores herramientas de supervisión, lo que podría traducirse en una vigilancia más estricta sobre los movimientos financieros de los usuarios.
Dejá tu comentario