CFE reclama 53 millones de dólares, pero su mayor enemigo es el Congreso: la iniciativa pero perdonar deudas

La Comisión Federal de Electricidad acumula una deuda impagable con estados y municipios. Una iniciativa busca condonarla y transformar el sistema.

CFE y la deuda silenciosa de 53 mil millones que el Congreso mexicano quiere borrar de un plumazo

Hay deudas que no se ven pero pesan sobre millones de personas. Mientras los ciudadanos pagan puntualmente su recibo de luz cada bimestre, los gobiernos estatales y municipales de México acumulan desde hace años un adeudo monumental con la CFE que, lejos de reducirse, sigue creciendo en silencio. Una deuda que no solo afecta las finanzas de la empresa eléctrica del Estado, sino que también compromete la calidad de los servicios públicos que recibe la población.

El problema tiene nombre, apellido y cifra: más de 53 mil millones de pesos en adeudos por consumo eléctrico que los gobiernos locales simplemente no han podido —o no han querido— saldar. La magnitud del número es difícil de dimensionar, pero basta con un dato para entender su impacto: esa cantidad equivale a lo que varios estados del país destinan en un año entero a obras de infraestructura, programas sociales y atención médica combinados.

Frente a ese escenario, comisiones del Congreso del Estado de México dieron un paso inusual: avalaron enviar al Congreso de la Unión una iniciativa que permitiría a la CFE establecer mecanismos de condonación y regularización de esas deudas acumuladas. Una propuesta que genera tanto esperanza como controversia, y que podría redefinir la relación financiera entre la empresa eléctrica del Estado y los gobiernos locales de todo el país.

CFE: lo que hay detrás de la iniciativa para condonar la deuda eléctrica

La iniciativa de reforma a la Ley de la Empresa Pública del Estado fue impulsada por el diputado local de Morena, Valentín Martínez Castillo, quien señaló que la deuda acumulada no es un problema administrativo menor: es un obstáculo estructural que limita los recursos disponibles para garantizar servicios básicos y derechos fundamentales a la ciudadanía.

La iniciativa propone que condonar la deuda eléctrica no sea un perdón sin condiciones, sino el inicio de una transformación energética que incluya paneles solares y tecnología LED en edificios públicos.

De los 53 mil millones de pesos adeudados, 46 mil 189.8 millones corresponden directamente a gobiernos estatales y municipales. Pero el dato más revelador es su distribución geográfica: el 57.2 por ciento de esa deuda —unos 26 mil 463.7 millones de pesos— se concentra en la zona metropolitana, lo que convierte a esa región en el epicentro del problema.

A eso se suma otro factor crítico: las instituciones de salud y educación acumulan entre el 30 y 40 por ciento del adeudo total. Esto significa que hospitales públicos, clínicas y escuelas operan con una deuda eléctrica que pone en riesgo su funcionamiento. Si se aplicara una condonación parcial o total en esos sectores, el ahorro podría oscilar entre los 13 mil y 18 mil millones de pesos, recursos que podrían redirigirse directamente a atención médica, materiales educativos e infraestructura básica.

La iniciativa no solo plantea perdonar la deuda y punto. También propone que los convenios de regularización estén vinculados a compromisos concretos de modernización energética: instalación de paneles solares en escuelas, hospitales y oficinas públicas, y sustitución de luminarias convencionales por sistemas LED de bajo consumo. La idea es que condonar no sea un premio sin condiciones, sino el punto de partida para un modelo de gestión más eficiente y sustentable.

Los gobiernos estatales y municipales de México acumulan una deuda de más de 53 mil millones de pesos con la CFE, un lastre financiero que compromete hospitales, escuelas y servicios básicos en todo el país.

Durante el debate legislativo, también se planteó la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que la deuda vuelva a acumularse. Diputados propusieron revisar la legislación en materia de responsabilidades administrativas para sancionar a los servidores públicos que generen pasivos impagables de manera negligente o irresponsable.

El argumento central de los promotores es claro: una deuda que no se puede pagar no desaparece sola. Y mientras los gobiernos locales arrastran ese lastre heredado de administraciones anteriores, los recursos que deberían destinarse a seguridad, infraestructura y programas sociales se quedan atrapados en un ciclo de mora que no le sirve a nadie, ni a la CFE ni a los ciudadanos.