En medio del periodo de entrega de recibos domiciliarios por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), usuarios del servicio en Isla Mujeres, Quintana Roo, se enfrentarán a un ajuste importante en su factura de luz a partir de julio. El nuevo formato incluye un cargo adicional del 5% sobre el monto total facturado, correspondiente al concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP).
CFE y el nuevo cargo en tu recibo: así se aplicará el cobro por alumbrado público
CFE aplicará un nuevo cargo en algunos recibos de luz por el servicio de alumbrado público, según lo establecido por el municipio local.
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CFE y el nuevo cargo en tu recibo: así se aplicará el cobro por alumbrado público
Esta modalidad, aunque no es nueva en el país, vuelve a ser motivo de debate debido a la manera en que se presenta y se calcula. En esta ocasión, el cobro será visible en la boleta de luz de cada hogar, y su aplicación no está sujeta a la voluntad del usuario: es un impuesto obligatorio establecido por el municipio local y recaudado por la CFE.
Aunque muchos consumidores atribuyen este cargo a la empresa eléctrica, la realidad es que la CFE únicamente actúa como intermediaria, realizando el cobro y transfiriendo posteriormente los recursos al ayuntamiento. Así lo ha dejado claro la propia Comisión, que aclara que su papel es de carácter recaudatorio, sin participación en el cálculo ni la definición del monto.
Por qué la CFE cobra el alumbrado público
El DAP es un concepto de recaudación municipal que busca financiar el mantenimiento y operación del sistema de alumbrado público, es decir, el encendido de luces en calles, parques, plazas, banquetas y demás espacios comunes. Los municipios lo incorporan como parte de su Ley de Ingresos, y determinan libremente la forma en que será calculado.
En el caso de Isla Mujeres, el cabildo local definió que este cargo se aplicará como un 5% sobre el total del consumo eléctrico registrado en el recibo de luz, por lo que el monto variará dependiendo del gasto mensual de cada hogar o negocio.
Este porcentaje no se encuentra integrado al costo del servicio eléctrico propiamente dicho, pero sí aparecerá como un concepto separado en el recibo de CFE, normalmente en la parte inferior o lateral del documento. Así, el usuario puede identificar cuánto está pagando por el servicio de energía y cuánto por el DAP.
La medida, sin embargo, no ha pasado desapercibida. En fechas recientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una Acción de Inconstitucionalidad en contra del artículo de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres que regula este impuesto.
El argumento central de la CNDH es que la norma no especifica con claridad los criterios técnicos ni el procedimiento exacto para calcular el monto del DAP, lo cual podría traducirse en cobros desproporcionados o arbitrarios. Además, se señala que esto podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la equidad tributaria y la proporcionalidad fiscal.
Mientras se resuelve el litigio, el cobro sigue en pie y ya comenzó a reflejarse en los recibos de los usuarios. Las autoridades municipales han defendido el derecho a implementar esta política argumentando que es necesaria para mantener la infraestructura urbana y garantizar la seguridad pública durante las noches.
CFE: cómo se calcula el DAP en otras zonas del país
La CFE ha reiterado que no es responsable de definir el monto ni de establecer cómo se calcula el Derecho de Alumbrado Público. Cada municipio en México cuenta con autonomía para determinar el modelo que utilizará:
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En algunas ciudades, el DAP se cobra como una cuota fija mensual.
En otras, se define como un porcentaje variable sobre el consumo de energía.
También existen municipios que aplican fórmulas propias, combinando consumo, zona geográfica o tipo de usuario.
En el caso de Isla Mujeres, el modelo es simple pero impactante: el 5% del total del recibo. Por ejemplo, si tu consumo mensual es de 1,200 pesos, pagarás 60 pesos adicionales solo por el concepto de alumbrado público.
La modalidad que ahora aplica la CFE en esta región representa un nuevo enfoque que afecta directamente al bolsillo de los consumidores, y que seguramente abrirá más discusiones sobre la transparencia y justicia en el cobro de servicios públicos.
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