La administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha decidido poner fin a los vacíos legales en materia de soberanía nacional. Durante la tradicional conferencia matutina de este jueves, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, presentó una contundente iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión. El objetivo central de esta propuesta es exigir que todos los aspirantes a la Presidencia de la República y a las Gobernaturas renuncien obligatoriamente a su doble nacionalidad en caso de poseerla.
Esta medida busca asegurar que quienes asuman las más altas responsabilidades del país actúen guiados única y exclusivamente por los intereses de la nación. De acuerdo con el diagnóstico presentado por las autoridades federales, la redacción actual de la Carta Magna ha generado confusiones interpretativas que permitían a ciertos actores políticos mantener un estatus de doble nacionalidad. Con esta iniciativa, el Gobierno busca garantizar que el interés y la soberanía nacional sean los únicos factores que guíen a los futuros gobernantes.
La problemática actual y los vacíos en la Constitución
Actualmente, el marco legal establece ciertos candados, pero el Ejecutivo los considera insuficientes. Los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen que para ocupar la Presidencia de la República, una Gubernatura o la Jefatura de Gobierno es un requisito indispensable "ser ciudadano mexicano por nacimiento". Asimismo, el artículo 32 reserva el ejercicio de estos altos cargos a quienes posean dicha calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Sin embargo, el gran vacío legal radicaba en qué sucedía con aquellas personas que ya ostentaban una segunda nacionalidad desde antes de postularse. Para corregir de raíz esta situación, la nueva propuesta del Gobierno federal incluye expresamente el supuesto de quienes "ya tengan otra nacionalidad", obligándolos a regularizar su estatus de lealtad exclusiva.
Los nuevos requisitos para los futuros candidatos
La iniciativa impulsada desde Palacio Nacional contempla una modificación directa y estricta al Artículo 86 constitucional. Según la propuesta, para ser Presidente o Presidenta se requerirá no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, el ciudadano deberá renunciar a ella de manera previa a solicitar su registro como candidato. Además, se mantiene firme la exigencia de haber residido en el país al menos durante veinte años.
Para blindar de forma absoluta el ejercicio del poder, esta misma restricción se replicará para las Gubernaturas (Artículo 116) y la Jefatura de Gobierno (Artículo 122). Durante el mandato, el funcionario tendrá estrictamente prohibido:
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Adquirir, solicitar o invocar ante cualquier autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana.
Hacer uso de un pasaporte o de cualquier documento de identidad que haya sido expedido por un Estado extranjero.
Ejercer derechos políticos inherentes a la ciudadanía extranjera o acogerse a su protección diplomática.
Para que esta reforma constitucional tenga viabilidad, la consejera jurídica confirmó que también se propondrá una profunda modificación a la Ley de Nacionalidad. El propósito de esta ley secundaria será establecer reglas y procedimientos claros para concretar la renuncia a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país extranjero involucrado. Las autoridades advirtieron que la contravención a cualquiera de estas nuevas disposiciones será sancionada en los términos del Título Cuarto de la Constitución.
