La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desató un terremoto político al incorporar a la Lista de Personas Bloqueadas a un total de 40 cuentas bancarias, entre las que destacan la de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y las de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La medida preventiva se ejecuta tras detectarse operaciones financieras con elementos de riesgo y graves indicios de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos millonarios a proveedores electorales.
El cerrojo financiero implementado por el organismo federal abarca a 25 personas físicas y 15 morales, en medio de una creciente presión institucional y denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Este nuevo capítulo profundiza la crisis desatada al interior del órgano electoral tras la dimisión de Taddei, destapando una presunta red de favores y desvío de recursos públicos en contratos de material electoral.
El origen del escándalo: contratos millonarios y audios comprometidores
Las investigaciones que derivaron en el bloqueo de cuentas cobraron fuerza luego de que salieran a la luz diversas evidencias, entre ellas grabaciones de reuniones en las que presuntamente la exfuncionaria y su círculo cercano negociaban porcentajes de ganancias sobre contratos plurianuales. Entre los convenios bajo la lupa figura la producción de la emblemática credencial para votar, un acuerdo de montos multimillonarios que se extendía hasta el año 2031.
El epicentro de los cuestionamientos apunta directamente a la relación comercial y personal con el proveedor favorito del organismo, José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de empresas como Cajas Graf. La difusión de materiales audiovisuales donde se observa a la entonces titular del INE calculando porcentajes de contratos de producción y códigos QR encendió las alertas de los órganos fiscalizadores y aceleró la salida de funcionarios de confianza de la institución.
Intervención de la ASF y auditorías históricas a los organismos electorales
En paralelo a las acciones de la UIF, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral y exhaustiva que no solo fiscalizará el periodo reciente del INE, sino que extenderá sus indagatorias a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a contrataciones realizadas durante las últimas dos décadas. El objetivo es mapear la concentración de proveedores y detectar patrones de simulación comercial.
Informes preliminares del Órgano Interno de Control detallaron que un reducido grupo de empresas relacionadas entre sí acumuló miles de millones de pesos en adjudicaciones públicas. Las autoridades federales buscan determinar si dichas compañías cumplían de manera directa con la fabricación de insumos o si operaban mediante esquemas de subcontratación y triangulación de recursos.
