El juez del máximo tribunal realiza su informe tras el primer año de la nueva SCJN. Esto dijo sobre la austeridad en el Poder Judicial.
Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte.
Durante la presentación del primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar aseguró que la política de austeridad ha transformado al máximo tribunal. Frente a las críticas y señalamientos, el magistrado lanzó un mensaje contundente sobre la nueva realidad financiera de la institución, sentenciando sin titubeos frente al Pleno: "Se acabaron los privilegios".
El titular del Poder Judicial detalló la compleja situación económica heredada por la administración anterior, revelando que el actual Órgano de Administración Judicial recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un severo déficit presupuestario. A pesar de este pasivo inicial, que ascendía a los 144 millones 660 mil pesos, el ministro destacó que la implementación inmediata de medidas restrictivas permitió mitigar el impacto al cierre del ejercicio fiscal 2025.
Para revertir la crisis financiera institucional, el magistrado explicó que la nueva integración de la Corte redujo drásticamente su presupuesto y retiró servicios considerados superfluos para los ministros y ministras. Entre las principales acciones correctivas presumió la cancelación definitiva del seguro de gastos médicos mayores y del polémico seguro de separación individualizada, compactando además las estructuras de la Presidencia. Respecto a los ingresos de los altos mandos, Aguilar garantizó la legalidad de los pagos actuales al afirmar que quienes conforman hoy el máximo tribunal "reciben únicamente la remuneración establecida por la Constitución".
Las reformas internas también abarcaron una reestructuración operativa profunda a nivel nacional, logrando una reducción del 10 por ciento en la plantilla de las áreas administrativas. El ministro presidente avaló la eficiencia de estos ajustes estructurales, asegurando que se alcanzó un ahorro mínimo del 10 por ciento por cada modificación realizada a la estructura orgánica de la institución. En conjunto, estas drásticas medidas administrativas generaron ahorros superiores a los 4 mil 700 millones de pesos en todo el Poder Judicial.
El alcance de la nueva disciplina financiera no se limitó únicamente a la Suprema Corte de Justicia. El responsable del Poder Judicial añadió que el Tribunal Electoral también armonizó sus remuneraciones, consolidó sus contrataciones y transfirió al nuevo esquema todos los recursos economizados. Estas acciones simultáneas reflejan el compromiso inquebrantable de la actual administración judicial con el mandato de austeridad republicana.
De cara a los próximos ejercicios fiscales, el magistrado dejó en claro que la política de contención del gasto público será permanente. Al finalizar su comparecencia de rendición de cuentas, Hugo Aguilar adelantó que el presupuesto institucional previsto para el año 2027 mantendrá de forma estricta el criterio de austeridad. Con esta firme visión a largo plazo, el máximo tribunal del país busca consolidar finanzas sanas y evitar cualquier retorno a las cuestionadas prácticas presupuestales del pasado.