ISSSTE le quita pensión ilegal de 322 mil pesos mensuales con el aval de Justicia: había cobrado más de 55 MDP

Según detalló el director general, Martí Batres, la pensión comenzó a entregarse el 16 de mayo de 2002 y, durante ese periodo, la persona acreedora acumuló una cifra estrafalaria.

ISSSTE quitó una pensión ilegal de 322 mil mensuales. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que quitó una pensión superior a 322 mil pesos mensuales, la más alta otorgada de manera ilegal desde hace 24 años. El director general, Martí Batres Guadarrama, informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió a favor del organismo en el juicio celebrado el pasado 3 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado, la pensión comenzó a entregarse el 16 de mayo de 2002 y, durante ese periodo, la persona acreedora acumuló un total de 55 millones 334 mil 610 pesos.

Martí Batres, titular del ISSSTE, en la Mañanera del Pueblo.

Captura Gobierno México

ISSSTE quita una pensión ilegal de 322 mil pesos mensuales

Martí Batres Guadarrama informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió a favor del organismo el juicio relacionado con una pensión superior a 322 mil pesos mensuales. "No es cualquier cosa, pues sufre el asedio de una guerra judicial incesante para saquear sus recursos", escribió el funcionario en redes sociales.

Durante la sesión del pasado 3 de septiembre, el Tribunal negó por mayoría, y de forma definitiva, el amparo promovido por la persona titular de la pensión. El director general señaló que el apoyo económico comenzó a entregarse el 16 de mayo de 2002 y la persona acreedora acumuló un total de 55 millones 334 mil 610 pesos.

Además, Batres detalló que el último cargo que ocupó como trabajador activo fue el de director general adjunto LC3, con un sueldo base de 12 mil 509 pesos, por lo que consideró desproporcionada la diferencia entre las percepciones.

"Esto quiere decir que, de forma verdaderamente inverosímil, esa persona cobró una cantidad pensionaria mucho muy superior a la que cobró como trabajador en activo. No existe explicación lógica, legal, matemática, laboral o estadística que justifique ese cobro. Se trataba de un privilegio decidido completamente al margen de la ley, en el que puede presumirse una determinación política y un acto de corrupción", remarcó.

Finalmente, Batres reiteró el compromiso de resolver casos parecidos, con el objetivo de garantizar que los esquemas de jubilación se apliquen bajo principios de proporcionalidad y solidaridad. "La decisión sienta un precedente en la defensa de los recursos públicos y la correcta aplicación de los topes legales de las pensiones. La resolución del Tribunal es un acto de justicia social, de honestidad, de legalidad y de constitucionalidad, que elimina un privilegio y protege el erario de abusos inadmisibles", concluyó.