¿Lucrando con la cultura maya? La Suprema Corte frena en seco a empresa turística por usar patrimonio sin permiso

El máximo tribunal priorizó los derechos del Pueblo Maya frente a intereses económicos y blindó la reserva ecológica de Yum Balam contra desarrollos turísticos.

Suprema Corte y un fallo clave para proteger la cultura maya.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones históricas que ponen un alto definitivo a la explotación comercial y territorial desmedida en el sureste mexicano. En un firme mensaje a la industria turística, el máximo tribunal dejó claro que el patrimonio cultural inmaterial y los recursos naturales de las comunidades originarias no son un botín publicitario ni inmobiliario.

Durante la sesión del Pleno celebrada este 26 de marzo de 2026, los ministros asestaron un doble revés a las empresas y desarrolladores que buscaban lucrar con la identidad del Pueblo Maya y con las zonas de preservación en Quintana Roo. Con estos fallos, la justicia federal reafirma que el interés público, la preservación de las raíces y la protección del medio ambiente están por encima de cualquier afectación económica particular.

El freno a la publicidad engañosa y el rescate de la identidad

El primer caso que acaparó los reflectores se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó medidas cautelares contra una empresa turística. La autoridad exigió retirar de circulación diversas campañas publicitarias que se apropiaban indebidamente de elementos del patrimonio cultural maya para lucrar con sus servicios.

Ante la multa impuesta por incumplimiento, la compañía tramitó un amparo alegando que contaba con el "permiso" de un órgano no oficial autodenominado "El Gran Consejo Maya", logrando que un juzgado de distrito le concediera una suspensión temporal para seguir usando la cultura indígena en sus anuncios. Sin embargo, la SCJN revocó esta decisión de tajo.

Los ministros determinaron que el juez inferior falló al no ponderar el interés social. Basándose en la reciente reforma constitucional de 2024 al artículo 2° y en la nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, el Pleno subrayó que el patrimonio pertenece de forma colectiva a los pueblos, y el Estado está obligado a frenar su uso indebido.

La Suprema Corte concluyó que el golpe económico a la empresa de turismo jamás podrá pesar más que el derecho de las comunidades a proteger su identidad.