San Pedro Garza García retirará de inmediato a todos los clientes que no consuman de plazas y zonas comerciales

La estrategia, conocida como “Cascaff", ya enciende la polémica porposibles actos de discriminación.

Centro comercial Fashion Drive

En medio de un creciente debate sobre seguridad y convivencia en espacios privados de uso público, el municipio de San Pedro Garza García alista la implementación de un programa que ya genera polémica: se trata de “Cascaff”, una estrategia que permitiría retirar de plazas y zonas comerciales a personas que no consuman o que alteren el orden.

La medida, impulsada por autoridades locales en Nuevo León, busca reforzar la seguridad en establecimientos sin necesidad de crear nuevas leyes, sino mediante la aplicación de reglamentos ya existentes. El objetivo, aseguran, es brindar herramientas a comerciantes para mantener entornos más seguros y ordenados.

¿En qué consiste el programa “Cascaff”?

De acuerdo con el planteamiento oficial, el programa permitirá a los negocios solicitar el retiro discreto de personas que incurran en conductas consideradas inapropiadas. Entre ellas, destaca la permanencia prolongada sin consumo, una práctica que coloquialmente se conoce como “refritear”.

El secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, explicó que la intención no es vulnerar derechos, sino ofrecer mecanismos que eviten conflictos directos entre clientes y personal de los establecimientos.

Además, el esquema contempla respaldo institucional para los comercios, así como lineamientos para identificar conductas que afecten la convivencia, desde actitudes agresivas hasta la ocupación indebida de espacios.

Seguridad vs. derechos: el centro del debate

Aunque la iniciativa ha sido presentada como una solución para mejorar la seguridad, especialistas y usuarios en redes sociales han advertido sobre posibles riesgos de discriminación.

El principal señalamiento radica en que conceptos como “conducta inapropiada” o “no consumo” pueden ser interpretados de forma subjetiva, lo que podría derivar en la exclusión de ciertos grupos, como jóvenes, adultos mayores o trabajadores que utilizan estos espacios como punto de descanso.

El debate cobra mayor relevancia ante el carácter híbrido de estos lugares: aunque son propiedad privada, funcionan como espacios de convivencia pública.

La conversación sobre el uso de la fuerza en espacios comerciales tomó fuerza recientemente tras un incidente en Monterrey, donde un guardia de seguridad fue captado agrediendo a una mujer acusada de robo. El caso, difundido ampliamente en redes sociales, generó indignación y evidenció la necesidad de establecer protocolos claros para la actuación del personal de seguridad, evitando abusos o decisiones arbitrarias.