La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo determinante que redefine los alcances y responsabilidades de las empresas de telecomunicaciones en México, tales como Telcel, AT&T, Movistar y demás concesionarios y autorizados del sector. Al resolver el amparo en revisión 193/2026 durante su sesión de Pleno del 17 de noviembre de 2026, el Alto Tribunal validó diversas fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, respaldando legalmente las obligaciones de conservación de datos, geolocalización en tiempo real, entrega de información a autoridades y bloqueo de señales.
No obstante, la resolución vino acompañada de una clara delimitación operativa para proteger a los millones de usuarios de telefonía móvil en el país. El Pleno determinó que esta obligación impuesta a las compañías telefónicas no implica, bajo ninguna circunstancia, la conservación del contenido de las comunicaciones privadas, sino únicamente el resguardo de la información vinculada con la prestación del servicio. Los ministros precisaron que esta medida persigue un fin constitucionalmente válido —enfocado en la seguridad pública y la procuración de justicia— y se encuentra estrictamente sujeta a mecanismos de protección de datos.
Límites estrictos y autorización judicial para la entrega de información
Para blindar las garantías individuales de la ciudadanía frente a posibles abusos administrativos o corporativos, la Corte estableció candados legales ineludibles. El máximo tribunal concluyó que el resguardo de datos es compatible con los derechos a la privacidad y la protección de datos personales, siempre y cuando cualquier entrega de información a las autoridades se interprete en estricto apego al artículo 16 de la Constitución y a la jurisprudencia obligatoria vigente.
En este sentido, la advertencia para las empresas telefónicas y los entes investigadores es contundente respecto al protocolo de acceso. La SCJN dejó en claro que el acceso de las autoridades a los datos conservados por los concesionarios requiere forzosamente de una autorización judicial federal debidamente fundada y motivada. Dicho mandamiento deberá identificar con precisión a las personas investigadas, el periodo exacto de la información solicitada y las razones jurídicas que justifican la entrega, en total cumplimiento con el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Geolocalización en tiempo real: qué pueden y qué no pueden hacer las telefónicas
Otro de los puntos medulares abordados en la sesión del Pleno fue el rastreo de dispositivos móviles, una herramienta frecuentemente cuestionada por defensores de los derechos digitales. La Corte reiteró su criterio jurídico de que la geolocalización en tiempo real de equipos terminales constituye una medida legalmente distinta a la intervención de comunicaciones privadas, explicando que este mecanismo únicamente permite conocer la ubicación aproximada de un teléfono celular, sin dar acceso al contenido de las llamadas, mensajes ni a los datos derivados del proceso comunicativo.
A pesar de diferenciar ambas figuras, el Alto Tribunal subrayó que el rastreo geográfico no puede ejecutarse de manera discrecional por parte de las compañías de telefonía ni de las fiscalías. Los ministros precisaron que la geolocalización debe ajustarse rigurosamente al control judicial: tiene que provenir de una autoridad legalmente competente, constar en un mandamiento escrito que explique su fundamento y motivos, y cumplir con los términos establecidos en las leyes. Bajo estas estrictas salvaguardas legales, el Pleno concluyó que la facultad no vulnera la privacidad, la protección de datos personales ni el debido proceso de los usuarios mexicanos.