El pago se ejecuta tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un tope de u$s100.000 por reclamo.
El proceso se financia con el fondo de liquidación creado para atender las derivaciones del colapso del sistema financiero en 2002.
Un grupo de medio centenar de personas que tenían colocaciones en Trade & Commerce Bank (TCB), un banco offshore del grupo Velox, y perdieron su dinero durante la crisis de 2002 están cerrando en estas semanas un capítulo abierto hace más de dos décadas.
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Desde el miércoles 5, ellos directamente, sus apoderados o sucesores, según el caso, se están apersonando en las oficinas de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab) para recibir el dinero que les corresponde, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un laudo arbitral y una resolución del Poder Ejecutivo de fines del año pasado.
El caso, caratulado como "Barbani Duarte y otros contra Uruguay", implicó un extenso proceso de reclamación. La Corte Interamericana emitió una sentencia que ordenó al Estado uruguayo constituir un tribunal para evaluar la situación jurídica de un total de 344 peticionantes en relación con sus colocaciones en TCB. Ese tribunal resolvió finalmente acoger el reclamo de 50 de ellos, equiparándolos a la condición de cuotapartistas del Banco Montevideo Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario.
La Copab realiza el pago con cargo a la liquidación de esa entidad, específicamente a partir de una reserva creada por ley para atender el resultado de este tipo de reclamos, dándole a los peticionantes el mismo tratamiento que al resto de los cuotapartistas.
Según explicaron a Búsqueda desde la corporación, el proceso de pago llevará todavía algunas semanas más, en algunos casos se abona directamente al titular de la colocación en TCB, pero en otros se trata de personas fallecidas, por lo que la Copab debe contactar a los sucesores, controlar la documentación correspondiente y avanzar con cada trámite de forma individual.
De acuerdo con la Ley 17.613, al quedar equiparados con los demás cuotapartistas del fondo de recuperación del ex Banco Montevideo, a los 50 exclientes de TCB les corresponde cobrar un máximo de 100.000 dólares y, si su crédito fuera superior a ese monto, cobrarán a prorrata de los activos que se logren recuperar de la entidad en liquidación.
Con los fondos liberados de la reserva constituida para atender estos reclamos, sumados a otras partidas disponibles, la Copab planea realizar un reparto, previsiblemente el último, tanto para los cuotapartistas del Banco de Montevideo como para el medio centenar de clientes del grupo Velox ahora asimilados a ellos, aunque se anticipa que los montos no serán significativos.
El origen de este reclamo se remonta a la debacle financiera de 2002, en aquel momento, cientos de ahorristas acudieron a las sucursales del Banco Montevideo para depositar su capital, pero la entidad, controlada por el Grupo Velox de la familia Peirano, derivó esos fondos hacia el Trade & Commerce Bank (TCB), una institución del mismo conglomerado que operaba de forma offshore en Islas Caimán. Cuando la crisis estalló y el grupo colapsó, los activos del TCB desaparecieron producto de desvíos de fondos intragrupo, dejando a los clientes sin sus ahorros.
Tras la caída del sistema, el Estado uruguayo asumió la liquidación del Banco Montevideo y creó un fondo de recuperación para rescatar a sus depositantes. Sin embargo, dejó fuera de ese auxilio a los clientes del TCB, argumentando que al haber colocado su dinero en una entidad del exterior, la maniobra quedaba fuera de la jurisdicción y de la cobertura legal uruguaya.
Los ahorristas sostuvieron durante más de dos décadas que fueron víctimas de un engaño orquestado en suelo local bajo la omisión de los controles estatales. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a este grupo de peticionantes y obligó a Uruguay a equipararlos con los ahorristas locales, abriendo la puerta para que cobren con los activos que aún le quedan a la liquidación bancaria.