Caso Penadés: la familia cuestiona la prisión preventiva y habla de "un destrato que viola derechos humanos"

La Justicia definió mantener la figura legal para “evitar la conmoción social” y los allegados del exsenador reclaman imparcialidad.

Gustavo Penadés continuará en la cárcel y su familia exige un juicio "imparcial".

Captura: Subrayado

Allegados del exsenador del Partido Nacional (PN), Gustavo Penadés, aseguraron que la Justicia actúa de forma parcial y asegura que se produce “un destrato que viola derechos humanos” contra el exlegislador, luego de la ratificación de la prisión preventiva en su contra en la causa que se le sigue por abuso sexual.

Mediante una misiva, la familia y amigos de Penadés, en conjunto con la del profesor Sebastián Mauvezín, vinculado como intermediario para los presuntos delitos de abuso sexual, se hicieron eco del fallo de la jueza Marcela Vargas, quien señaló: “Si resuelvo la prisión domiciliaria, va a ir a la casa, se va a revocar esa resolución y va a volver a la cárcel”.

Así, Vargas apuntó a la “conmoción de la sociedad”, al hacer alusión a lo ocurrido en febrero, cuando hizo lugar al pedido de la defensa y días más tardes el exsenador debió regresar a la cárcel por decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

El descargo de la familia de Penadés

Ante este escenario, la familia de Penadés y Mauvezín manifestó su “total descontento, angustia, dolor, desconfianza y desamparo judicial” y calificó como “desolador que la justificación de no cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria se fundamente en que el tribunal pueda revocar dicha decisión”.

“Los términos en los que se dan las audiencias son inaceptables y vergonzosos, los argumentos son forzados, y el involucramiento de la fiscal es llamativo”, señalaron en la carta, al hacerse eco de rumores entre “un vínculo entre uno de los denunciantes y la fiscal” y agregaron: “Nos resulta alarmante que esta situación no haya sido ni investigada ni cuestionada”.

“La indefensión de Sebastián y Gustavo es increíblemente notoria”, apuntaron los allegados y señalaron que “la familia sufrió agravios e incluso persecuciones por parte de uno de los denunciantes”, mientras apuntaron que “la Fiscalía no entrega todo el material que tiene, oculta pruebas, encubre delitos de los denunciantes y omite denunciarlos”.

“Buscamos una mirada imparcial, una mirada objetiva y racional, una mirada que pueda ver que una decisión judicial no puede estar basada en que una posibilidad es que el tribunal revoque la decisión y se genere una ‘conmoción social’”, afirmaron los familiares.

Finalmente, destacaron: “Queremos que por primera vez se vea este caso como un caso donde se está juzgando a dos personas por testimonios, sin pruebas, con un destrato que viola derechos humanos, y por una falta de objetividad aberrante por parte de la Fiscalía”.

“Solo pedimos que se respete el debido proceso, que se restituya la presunción de inocencia, y que se reconozca que este proceso no puede continuar en los términos actuales”, concluyeron.