El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, compareció nuevamente este miércoles por la Cámara de Diputados, en una interpelación centrada en el conflicto de Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el Puerto de Montevideo, y la gestión de la conflictividad laboral; durante la sesión, el diputado colorado Adrián Juri atribuyó a los paros pérdidas de entre 17 y 22 millones de dólares, mientras que el ministro defendió la actuación del gobierno y cuestionó el alcance de las cifras presentadas por la oposición.
La instancia parlamentaria fue impulsada por la oposición ante la "falta de autoridad" que, según sus legisladores, demostró el gobierno durante el conflicto entre el sindicato y la empresa concesionaria, que se extendió durante varios meses y provocó sucesivas interrupciones de la operativa portuaria. Juri sostuvo que se acumularon más de 40 días de paro y que, de acuerdo con cifras proporcionadas por los exportadores, cada jornada de paralización representó pérdidas de entre 400.000 y 500.000 dólares.
El legislador también afirmó que, solamente en agosto, 12 buques portacontenedores cancelaron sus escalas en Montevideo y que la caída en el movimiento de contenedores superó el 23%. Sin embargo, Castillo rechazó que el conflicto hubiera afectado a la totalidad del puerto y aseguró que la disminución de la actividad portuaria general durante ese período fue de apenas el 1%, marcando una diferencia con los datos expuestos por la oposición.
Juri cuestionó la gestión de Castillo y las consecuencias económicas del conflicto
Durante su intervención, el diputado del Partido Colorado (PC) cuestionó la respuesta del MTSS frente a las medidas sindicales y sostuvo que sus consecuencias afectaron tanto a los exportadores como a la actividad de la principal terminal portuaria del país.
Juri también recordó el conflicto registrado en el sector de la pesca durante 2025, que, según afirmó, se extendió durante más de 80 días, como otro ejemplo de las dificultades del gobierno para resolver las disputas laborales.
En sus críticas a la conducción del ministerio, el legislador apuntó directamente a la pertenencia de Castillo al Partido Comunista del Uruguay (PCU). "Un comunista no puede ser ministro de Trabajo", sostuvo, y agregó: "Lo que cuestiono es que gobierna el Ministerio de Trabajo como si fuera la dirección de un sindicato".
Castillo defendió las negociaciones y explicó por qué no se declaró la esencialidad
En respuesta, Castillo explicó que el conflicto fue denunciado ante el ministerio en junio y que, hasta la firma del nuevo convenio colectivo a comienzos de octubre, se realizaron más de 40 reuniones entre las partes para intentar alcanzar una solución.
El ministro señaló que a fines de setiembre se había logrado un entendimiento y que posteriormente se formalizó un convenio colectivo con una vigencia de cinco años, lo que permitió cerrar la negociación entre el sindicato y TCP.
Asimismo, defendió la decisión del gobierno de no declarar la esencialidad de los servicios portuarios. Según explicó, la legislación vigente no contempla esa actividad dentro de los servicios esenciales, por lo que el Poder Ejecutivo optó por una resolución que establecía la obligación de mantener un nivel mínimo indispensable de trabajo en la terminal.
De esta manera, la interpelación dejó expuestas las diferencias entre el gobierno y la oposición tanto sobre el impacto económico del conflicto portuario como sobre las herramientas utilizadas por el MTSS para intervenir en las negociaciones laborales.
