"No solo no vamos a detener el proyecto, sino que vamos a avanzar", afirmó el ministro de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, en respuesta a los cuestionamientos del senador del Partido Nacional (PN), Martín Lema, quien había solicitado la suspensión preventiva del proceso licitatorio de la represa Casupá al entender que no se contaba aún con todos los estudios de impacto ambiental necesarios.
Edgardo Ortuño avanzará con la represa de Casupá, a pesar de no tener los estudios ambientales concluidos
El jerarca confirmó que durante junio se realizará el llamado a licitación pública internacional para la obra hídrica.
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El gobierno aprobó un préstamo de CAF por u$s 130 millones para la construcción de Casupá
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OSE avanza con la represa de Casupá y le pone fecha a la licitación
La millonaria represa proyectada en el departamento de Florida busca duplicar las reservas de agua del área metropolitana para evitar otra crisis hídrica en el área metropolitana.
La represa de Casupá es la obra de infraestructura hídrica más ambiciosa que Uruguay ha encarado en décadas. El embalse, afluente del río Santa Lucía, en el departamento de Florida, a unos diez kilómetros de la localidad homónima, almacenará 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble que la represa de Paso Severino, que asegurará el abastecimiento de 1.600.000 habitantes del área metropolitana.
OSE firmó un acuerdo con la CAF para un préstamo de 130 millones de dólares, de los cuales 110 millones de dólares se destinarán a la obra y 20 millones de dólares a las expropiaciones. La CAF también aportará una cooperación técnica no reembolsable de 160.000 dólares para el proceso licitatorio y la evaluación ambiental.
La licitación pública internacional se adjudicará hacia fines de 2026, el inicio de la construcción está previsto para principios de 2027 con finalización estimada a mediados de 2029.
La disputa política: licitación antes de la autorización ambiental
Lema argumentó que avanzar con la licitación sin los estudios de impacto ambiental concluidos es "absolutamente improcedente e institucionalmente riesgoso". Ortuño rebatió ese planteo comparando el proyecto Neptuno-Arazatí, impulsado durante el gobierno anterior, que siguió exactamente la misma secuencia. "Se hizo el llamado a licitación en marzo de 2023, recién se presentó el estudio de impacto ambiental a principios de 2024 y la autorización ambiental se otorgó en diciembre de 2024", señaló el jerarca.
Con ese argumento en la mesa, el gobierno sostiene que licitar no implica construir. "Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber construcción de la obra sin autorización ambiental", subrayó Ortuño. El MA trabaja actualmente en la actualización de los estudios técnicos en coordinación con OSE, la Universidad de la República (Udelar) y equipos independientes.
Ocho consorcios y tecnología inédita para Uruguay
El nivel de interés empresarial en el proyecto ya es un dato en sí mismo, porque ocho consorcios, integrados por empresas uruguayas y de primera línea a nivel mundial, se presentaron a la etapa de precalificación convocada por OSE en diciembre de 2025.
La escala de la convocatoria se explica también por la tecnología, ya que en Uruguay no se han construido represas con hormigón compactado a rodillo, que es la metodología prevista, lo que hace que la experiencia internacional sea un factor clave.
El trasfondo: la crisis de 2023 y la urgencia hídrica
La crisis de abastecimiento de agua potable del área metropolitana en 2023, cuando el embalse de Paso Severino llegó a niveles críticos y se detectaron problemas de salinidad en el suministro, instaló la seguridad hídrica como una prioridad estratégica que trasciende los ciclos de gobierno. La CAF recordó oportunamente que esa sequía demostró la urgencia de obras que permitan adaptarse a los efectos del cambio climático, y que en los últimos cuatro años el banco de desarrollo aprobó cerca de 25.000 millones de dólares en proyectos verdes, el 40% de su cartera total.
Ortuño fue explícito al encuadrar el proyecto en ese contexto: "Una necesidad probada es asegurar el abastecimiento de agua potable para que no se repitan situaciones como las que se vivieron". Además, agregó que el respaldo técnico al proyecto se acumuló desde hace décadas.
En paralelo, el gobierno avanza también en la reconfiguración del proyecto Arazatí para construir una nueva planta en Aguas Corrientes con capacidad para producir 200.000 metros cúbicos diarios adicionales. "No hay que entrar en falsa dicotomía entre una nueva planta y una represa. Se necesitan las dos obras", señaló el presidente de OSE, Pablo Ferreri.
Las expropiaciones, en marcha
El ministro Ortuño confirmó que ya se alcanzó un acuerdo con uno de los propietarios y que en junio se avanzará en nuevas negociaciones. En total, el proceso involucra a 37 propietarios de 102 padrones, y OSE gestiona cada caso con instancias de diálogo individual que incluyen la valoración de mejoras específicas de cada terreno.
El cronograma político y técnico converge en el mismo punto: junio marca el momento en que el debate pasa de los papeles a los pliegos. La oposición deberá decidir si escala el cuestionamiento o aguarda el resultado de los estudios ambientales. El gobierno, por su parte, ya eligió construir.
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