La megainversión anunciada el miércoles por el presidente Yamandú Orsi sigue generando interrogantes en el sistema político y, en un contexto en que el memorándum de entendimiento firmado con la empresa española Solaria tiene carácter de confidencialidad, se suman los pedidos de informe para conocer más detalles sobre el proyecto y sus implicancias.
Efecto post anuncio: la megainversión de Solaria suma pedidos de informe desde la oposición
A la solicitud que presentó el senador Sebastián Da Silva el mismo miércoles, se añadieron más cuestionamientos sobre el proyecto tecnológico y energético.
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Efecto post anuncio: se suman los pedidos de informes sobre la megainversión de Solaria.
Los alcances exactos sobre una inversión que se presentó como la más importante en la historia del Uruguay, con un monto de 5.700 millones de dólares; el rol —y el costo— que tendrá UTE en la concreción del parque solar fotovoltaico y de los data centers previstos; la demanda proyectada y los posibles clientes para el servicio; los terrenos alcanzados y el impacto que tendrá sobre la producción en Canelones, Florida y San José, los departamentos elegidos para la ubicación de la iniciativa. Esas son solo algunas de las preguntas que, en las últimas horas, fueron surgiendo en el ámbito político tras el anuncio de Orsi.
Al respecto, el primero en presentar un pedido de informes fue el senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, apenas un par de horas de la conferencia presidencial y la firma del memorándum. Según el documento que compartió en sus redes sociales, referido al presidente en ejercicio de la Cámara de Senadores, Daniel Caggiani, algunos de los elementos consultados fueron la inversión comprometida, con sus socios, etapas, plazos y condiciones pendientes; el uso agropecuario actual, calidad de los suelos y superficie que saldría de producción con la instalación del parque solar; las condiciones financieras exactas tanto del proyecto como de la empresa inversora; las cuestiones relacionadas con la demanda eléctrica; y los detalles del régimen de zona franca contemplado en la iniciativa, entre otros.
Las consultas está remitidas, según corresponda, a los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM), de Economía y Finanzas (MEF), de Ambiente (MA), de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Relaciones Exteriores (MRREE).
Un extenso pedido de informes desde el Partido Colorado
Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani también presentó un pedido de informes este jueves, bastante más extenso que del senador blanco. En un documento que reúne un total de 95 puntos y está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, el legislador pone el foco en 13 grandes ejes relacionados al megaproyecto.
En ese sentido, consulta sobre los instrumentos suscritos y el alcance jurídico de los mismos; la negociación, las actuaciones y la confidencialidad del proceso; la empresa, la estructura del proyecto y la capacidad financiera de Solaria; la inversión anunciada y el financiamiento, con precisiones sobre los montos comunicados, la posibilidad de inversiones públicas y los porcentajes de capital propio y toma de deuda; los clientes futuros, la demanda proyectada y la comercialización; el emplazamiento y el cronograma del proyecto; la demanda eléctrica y el abastecimiento continuo; los controles y compromisos de UTE; la infraestructura eléctrica y otras obras que serán necesarias para posibilitar la iniciativa; las precisiones respecto de los puestos de trabajo y los proveedores nacionales; el régimen de zona franca contemplado, con sus beneficios fiscales y evaluación económica; el impacto ambiental y territorial previsto; la conectividad, seguridad y datos; y el seguimiento, control y documentación de respaldo.
Polémica en el directorio de UTE
En paralelo, el director de UTE en representación de la oposición, Darío Castiglioni, denunció en redes sociales no haber estado al tanto del proceso de negociación con Solaria que llevó a la firma del memorándum de entendimiento con la empresa española. En esa línea, celebró el anuncio de inversión, pero lamentó "no haber estado en conocimiento del proyecto" y que se le negara la información correspondiente al momento de solicitarla, incluso siendo parte del directorio de la empresa pública.
"Preocupa la falta de transparencia con que se manejan estos asuntos que involucran aspectos importantes en la economía de la empresa", expresó.
Más tarde, y a través del mismo medio, anunció la presentación de una nota ante la presidenta del ente, Andrea Cabrera, en la que solicitó "toda la documentación relativa a las obligaciones asumidas por UTE en el marco del acuerdo suscrito el día de ayer, así como los informes técnicos y jurídicos que fundamentaron su decisión". Como plazo límite para responder al pedido, señaló el próximo martes 20.
"Una vez más se hacen anuncios de acuerdos que involucran obligaciones para UTE sin haber pasado por el directorio para su aprobación", cuestionó el jerarca.
