"El gobierno corporativo es el verdadero marco que regula cómo se dirige y cómo se controla una empresa", destacó su presidente Guillermo Tolosa.
El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, destacó los cambios para fortalecer la gobernanza de la institución.
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, destacó el rol del gobierno corporativo y anunció que la institución avanza en un proceso de redefinición de su estructura organizativa con el objetivo de alinear su funcionamiento con las mejores prácticas de gobernanza, en el marco del primer Foro CUGO, organizado por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO).
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Durante el evento, CUGO presentó un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la profesionalización en la designación de jerarcas de entes autónomos, servicios descentralizados y otras entidades donde el Estado tiene participación.
Al participar como orador en la cita, Tolosa indicó que avanza el proceso de redefinición de la estructura organizativa y expresó: "Estamos trabajando muy intensamente, junto a una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que nos ayude en este proceso”.
En esa línea, anunció que, entre otras reformas, apunta a redefinir el rol de directorio para alinearse con las mejores prácticas y “concentrarse en lo que verdaderamente es importante, separándose del rol de ejecutor”, explicó.
Sobre la forma en la que se realizará este cambio, Tolosa informó que será a través de una propuesta incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto donde se prevé la creación de la figura del economista jefe, que tendrá perfil técnico y conocimiento en materia de política monetaria. Además, funcionará una gerencia general que delegará temas operativos, buscando concentrar en esa gerencia las decisiones de gestión transversales a toda la organización.
Tolosa informó también que el BCU se encuentra en un proceso que definió como “de reflexión estratégica, transversal y participativa”, orientado a optimizar la asignación de recursos y priorizar los proyectos de mayor impacto institucional.
“El gobierno corporativo es el verdadero marco que regula cómo se dirige y cómo se controla una empresa. Al final, se trata de asegurar que los directorios adopten una visión de largo plazo, que sea la que garantice la sostenibilidad y que el directorio logre monitorear la gerencia, integrando la gestión de riesgos de una forma prudente”, argumentó el integrante del equipo económico para defender la reforma que pronto estará en marcha.
Por su parte, CUGO presentó un proyecto de ley que busca mejorar la transparencia y la profesionalización en la designación de jerarcas de entes autónomos, servicios descentralizados y otras entidades donde el Estado tiene participación.
La iniciativa consiste en una declaración interpretativa del artículo 187 de la Constitución de la República, que regula el procedimiento de selección de miembros de directorios y directores generales no electivos. El objetivo es establecer criterios claros y objetivos en el proceso, asegurando que las personas designadas cumplan con condiciones personales, funcionales y técnicas acordes al cargo.
En cuanto a las condiciones personales se incluyen ausencia de antecedentes judiciales en su contra, sanciones disciplinarias graves o conflictos de interés, además de cumplimiento de prohibiciones, incompatibilidades e inhibiciones legales.
Las condiciones funcionales estarán dadas por trayectoria laboral y experiencia en gestión y dirección. Las técnicas se acreditarán por formación académica o notoria experiencia en el tema.
Esto se comprobará en forma de declaración jurada y CV, además de informes de la Junta de Transparencia, Oficina nacional de servicio civil y títulos correspondientes. El proyecto también busca que estos criterios se apliquen a representantes del Estado en personas públicas no estatales y sociedades comerciales con participación estatal.
Otro punto que se incluye es la propuesta de escalonar la renovación de los directorios de modo de evitar la sustitución total al inicio de cada período de gobierno, garantizando así continuidad en las empresas públicas.
“El proyecto aporta garantías para que toda designación esté sustentada en la idoneidad, independencia y transparencia. Se apunta a fortalecer la gobernanza del Estado y, como consecuencia, la confianza de la ciudadanía”, dijo Jorge Ottavianelli, responsable de la iniciativa, al culminar el Foro donde se anunció la inminente aprobación de proyecto de ley.
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