Durante cuatro jornadas en Montevideo, autoridades y expertos analizaron debilidades del sistema y avanzaron en nuevas estrategias de control.
El país refuerza la lucha contra el tráfico de armas con apoyo internacional.
Una misión especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) trabajó junto al Ministerio del Interior en el diseño y fortalecimiento de políticas para combatir el tráfico de armas y municiones en el país, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública.
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La cooperación entre los organismos internacionales y el gobierno uruguayo dio un nuevo paso en el abordaje del tráfico de armas, a partir de una misión conjunta que durante cuatro días reunió en Montevideo a técnicos, autoridades y expertos para analizar rutas, controles y debilidades del sistema. El encuentro incluyó instancias de intercambio técnico y recorridas por distintas instituciones clave.
La ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, destacó el carácter inédito de la articulación: “Estos organismos internacionales están trabajando juntos por primera vez para Uruguay, en temas de seguridad pública”. Además, subrayó el valor estratégico del país en este proceso: “Ellos necesitan de nuestro país, para mostrar al mundo una nueva forma de hacer política de seguridad”.
Según explicó la jerarca, el BID impulsa una nueva operación basada en políticas públicas donde la seguridad ocupa un lugar central. “Se han marcado algunos hitos como la elaboración de esa herramienta, y la normativa para mitigar homicidios y la violencia armada”, afirmó. En paralelo, la OEA desarrolla una consultoría enfocada en buenas prácticas para la regulación y control de armas y municiones, tanto en el mercado civil como en las fuerzas de seguridad.
Las jornadas incluyeron visitas a dependencias del Ministerio del Interior para evaluar condiciones de almacenamiento, trazabilidad y control de armamento, así como reuniones con autoridades de Presidencia, Economía, Defensa y el Poder Judicial. También se realizaron inspecciones en el Puerto de Montevideo junto a la Dirección Nacional de Aduanas, con foco en los mecanismos de fiscalización fronteriza.
El objetivo central de la misión fue relevar información sobre las dinámicas del tráfico ilegal, identificar vulnerabilidades operativas y fortalecer la coordinación interinstitucional. En ese sentido, se analizaron las rutas más utilizadas, las modalidades de ingreso y egreso de armas, y los desafíos en la gestión de evidencia y persecución penal.
Uruguay atraviesa una tendencia que enciende alarmas respecto a la criminalidad y la resiliencia frente al crimen, según el Índice Global de Crimen Organizado del 2025, incluido en el anuario del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.
En la edición 2025 del Índice, el país registró un puntaje de 3,57, el más bajo de América del Sur y uno de los menores en el ranking regional, en tanto se ubica en la posición 27 de 35 países contemplados. Sin embargo, lo que enciende las alarmas es que este puntaje viene aumentando desde la primera edición del índice, en 2021. Asimismo, entre 2023 y 2025, creció 0,35 puntos, principalmente por la expansión del mercado de tráfico de armas en el país y al aumento de los actores criminales extranjeros en los últimos dos años, junto con presiones al alza en varios indicadores de mercados como el tráfico de cocaína, drogas sintéticas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
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