El intendente de Montevideo, Mario Bergara, confirmó que el Congreso de Intendentes discutirá una eventual reducción de las bonificaciones para los autos eléctricos y pasar así a una nueva etapa de las políticas de incentivo a la movilidad sustentable tras la expansión registrada en el sector.
La revisión de las exoneraciones a los vehículos eléctricos empieza a ganar espacio tanto en el ámbito departamental como en el gobierno nacional, ya que las autoridades entienden que el mercado alcanzó un grado de madurez que permite repensar los beneficios fiscales implementados para impulsar la transición energética.
En ese escenario, Bergara confirmó que el tema ya es parte de las conversaciones entre los 19 jefes comunales y adelantó que el Congreso de Intendentes analizará la posibilidad de “ir suavizando esas exoneraciones”. El intendente recordó que en los primeros años de desarrollo de esta tecnología hubo “un impulso inicial, con beneficios fuertes a la importación y también en cuanto a la patente de rodados”, instrumentos que buscaron acelerar la incorporación de automóviles eléctricos a la flota nacional.
Sin embargo, señaló que es hora de evaluar si los incentivos deben mantenerse en los mismos términos o adaptarse una nueva etapa. A mediados de mayo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, confirmó que el Poder Ejecutivo (PE) también estudia una revisión del régimen de promoción de los vehículos eléctricos, con el objetivo de aplicar eventuales modificaciones durante el segundo semestre de 2026.
El impacto de los cambios en el parque automotor
Según explicó el jerarca, Uruguay presenta un nivel de penetración de este tipo de automóviles superior al promedio regional, una situación que evidencia el éxito de las políticas de incentivo pero que, al mismo tiempo, abre el debate sobre su sostenibilidad fiscal.
El crecimiento del parque automotor eléctrico también comienza a generar impactos sobre otros sectores económicos. Desde la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), su entonces presidente Daniel Añón reconoció meses atrás que el cambio “no tiene marcha atrás” y planteó la necesidad de adaptar el negocio de las estaciones de servicio, incorporando infraestructura de carga eléctrica y nuevas modalidades de comercialización de energía.
En ese sentido, sostuvo que el desafío será encontrar mecanismos para que las estaciones puedan ofrecer electricidad a precios competitivos y continúen desempeñando un papel relevante dentro del sistema energético nacional. La reducción de las bonificaciones aparece como una nueva fase para equilibrar la promoción de una movilidad más sustentable sin afectar tanto a otros sectores.