El Frente Amplio apunta contra Andrés Ojeda por una presunta violación de la Constitución: "La pena es la pérdida de la banca parlamentaria"

Para el oficialismo hay incompatibilidad de funciones y una clara falta al artículo 124, mientras que el Partido Colorado denuncia una "operación política".

El Frente Amplio apunta contra Andrés Ojeda por una presunta violación de la Constitución y pide su renuncia al Senado.

Foto: RRSS Andrés Ojeda

El Frente Amplio (FA) apunta contra el senador y secretario general del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, por lo que entienden como una violación de la Constitución: "la pena es la pérdida de la banca parlamentaria", aseguró el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

Ojeda está bajo el reflector político, no por declaraciones o posturas polémicas, como ya acostumbró a hacer desde su salto al centro de la escena con su campaña presidencial novedosa; sino por haber presentado un escrito en Fiscalía para un cliente en su rol de abogado defensor —privado— mientras ya ejercía como legislador de la República. Este pedido de reexamen de una causa, según denuncian algunos sectores, constituye una violación de la Constitución, en tanto el accionar se encuadra en "tramitar asuntos de terceros" ante un organismo estatal descentralizado; y, por lo tanto, una incompatibilidad de funciones.

El caso se encuentra actualmente bajo examen de la fiscal Sylvia Lovesio, y fue analizado en un documento solicitado por el Frente Amplio, a cargo del abogado constitucionalista José Korzeniak. Dicho informe jurídico, que fue puesto en consideración de la Mesa Política de la fuerza de gobierno, concluye que el senador colorado debería perder su banca y recomienda aprobar la resolución por mayoría simple en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia.

El Frente Amplio pide la banca de Ojeda

Con el informe jurídico en mano y la recomendación de Korzeniak, el Frente Amplio se reunió en la Huella de Seregni para analizar la situación que, según el abogado constitucionalista, solo tiene un final posible que se ajuste al cumplimiento constitucional: la renuncia de Ojeda.

Al respecto, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, sostuvo que los documentos analizados apuntan que el senador colorado "claramente violó la Constitución" y que, por lo tanto, "queda determinada la pena, que es la pérdida de la banca parlamentaria". De todos modos, aclaró que el proceso está lejos de ser cerrado, y que el próximo paso a nivel interno será una reunión con la bancada oficialista de senadores para decidir cómo continuar, en base a la información existente.

Según explicó, el objetivo será "intercambiar con los diputados e ir construyendo una posición común respecto a un tema que es delicado", para luego dar a conocer la postura frenteamplista a los demás partidos políticos, de los cuales todavía no conocer sus posturas formales frente al tema. “Son definiciones que hay que tomar con responsabilidad y dando cumplimiento a la Constitución de la República”, aseguró Pereira.

El Partido Colorado defiende a su secretario general

Por su parte, la Mesa Política del Partico Colorado se expresó en defensa de su secretario general, y consideró que los señalamientos en contra de Ojeda no tienen sustento jurídico: "Es una gran operación política", sostuvo el diputado Felipe Schipani.

Según indicó el legislador colorado, "la Constitución no limita ni prohíbe el ejercicio liberal de los profesionales", entre los cuales están contemplados los abogados. Además, sostuvo que el Código del Proceso Penal establece que los defensores son parte del proceso y no un tercero, por lo que el artículo 124 en cuestión no tendría vigencia: "el artículo al que se alude habla de la participación en asuntos de terceros", insistió Schipani, para quien el planteo "no tiene ningún asidero jurídico".

De todas formas, el tema aún no fue abordado en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado debido a un entendimiento generalizado de que no reúne la entidad suficiente y que se trata de una acción política contra Ojeda.

Otros juristas, como es el caso del excabildante y actual líder del Partido Constitucional Ambientalista (PCA), Eduardo Lust, apoyaron la interpretación del PC respecto de que "los constituyentes definieron que los legisladores podían ejercer profesiones liberales".