El exministro Armando Castanigdebat volvió a afirmar que su gobierno firmó un "contrato leonino" y "tremendamente garantista"; el oficialismo apunta contra "decisiones políticas".
El Frente Amplio convocará a los responsables de Cardama, con los "documentos truchos" sobre la mesa.
La investigación en torno al caso Cardama sigue avanzando en la comisión especial del Parlamento, y el Frente Amplio (FA) evalúa convocar formalmente a las autoridades del astillero español para que brinden explicaciones respecto, principalmente, los "documentos truchos" relacionados a la garantía.
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Tras la comparecencia del exministro de Defensa Nacional (MDN), Armando Castaingdebat, en la comisión investigadora bicameral, y mientras la gestión previa sigue insistiendo en la legalidad y controles de todo el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero español, el Frente Amplio analiza la posibilidad de convocar formalmente al director de Cardama S.A., Mario Cadama, y al representante de la empresa en Uruguay, Gerardo Moreira.
El llamado se daría luego de la constatación de que el gobierno anterior realizó pagos por la construcción de las embarcaciones sin que estuvieran los documentos necesarios previos, y mientras el astillero español avanza con una denuncia con el Estado uruguayo ante a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, por supuestos incumplimientos de las obligaciones contractuales tras la recisión del contrato.
Por su parte, y durante su comparecencia, Castaingdebat defendió una vez más el accionar de la gestión que integró como ministro de Defensa —al igual que todos los integrantes del Partido Nacional (PN), comenzado por el también exjerarca de la cartera y actual senador, Javier García—, y aseguró que el acuerdo con Cardama era un "contrato leonino", "tremendamente garantista" para el Estado uruguayo: "Exigía cosas de más, exigió dos garantías, exigió multas. Era un contrato que protegía al Estado por todos lados", señaló.
Además, insistió en que no hubo avisos previos de estafa o fraude, y apuntó que ni el estudio Delpiazzo ni ningún otro actor advirtió al MDN de no avanzar con el proceso contractual al momento de la constitución de la garantía.
Asimismo, el exministro se apoyó en el rechazo de Presidencia al pedido de informes sobre la denuncia que presentó Cardama contra el Estado para suponer que la misma implica una suma "millonaria": “Nos hace pensar o confirmar que realmente los datos que nosotros manejamos en cuanto a la demanda es importante”, consideró.
“Es una lástima porque Uruguay ya estaría camino a tener la primera patrullera y hoy estamos metidos en una discusión política que la va a pagar Juan Pueblo. Esto va a costar mucha plata. Este gobierno es un juicio que va a durar mucho tiempo”, aseguró Castaingdebat.
En tanto, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo sostuvo que la comparecencia de Castaingdebat confirmó que hubo pagos sin documentos: “Lo que constatamos en la comparecencia del exministro hoy es que el primer pago el Ministerio de Defensa lo efectuó sin tener la documentación original a la vista, lo cual de por sí ya constituye una irregularidad”, afirmó el legislador. “Ese primer pago de más de 8 millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante, solamente un informe de Delpiazzo, y Delpiazzo ya aclaró que su rol no era controlar las garantías”.
En ese sentido, señaló que en el negocio con Cardama hubo “decisiones políticas”, tales como las prórrogas otorgadas, que tuvieron implicancias a posterior. El ejemplo más concreto de ello fue la presentación de garantías apócrifas, principal argumento sobre el cual se apoyó el actual gobierno para rescindir el contrato con el astillero español.
Frente a esto, la oposición aseguro que "no hay ningún elemento que pueda vincular a jerarcas del anterior gobierno con la comisión de un delito", según afirmó el diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo.