El presidente Yamandú Orsi firmó el documento para dejar sin efecto el pago de un timbre de 170 pesos por consultas médicas que iba a regir desde este sábado.
El nuevo cobro de la Caja de Jubilaciones quedó sin efecto por decisión del gobierno.
El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que anula el nuevo cobro de un timbre de 170 pesos por parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), algo que ya habían anticipado desde el Poder Ejecutivo con críticas hacia la medida.
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Sin embargo, la resolución generó malestar en el directorio de la Cjppu, que esperaba una instancia de diálogo la semana próxima. Por esto, cobra fuerza la posibilidad de que recurra la resolución, al entender que una decisión de este tipo debe avanzar por la vía parlamentaria.
El gobierno dispuso modificar el primer artículo del Decreto 67/005, donde aclaró que “no revisten el carácter de documentos otorgados por profesionales las anotaciones, registros, evoluciones, indicaciones, interconsultas y demás actuaciones profesionales que se incorporen a cualquier instrumento documental, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia y no sean expedidas como documentos independientes”.
La decisión del Poder Ejecutivo no sorprende, ya que fue cuestionada por los sindicatos e incluso autoridades de diferentes carteras salieron a aclarar que la medida era irregular y suponía “un mazazo” a los afiliados e incluso aseguró que los directores de la Cjppu en su representación fueron engañados en su buena fe.
Hacia delante, la discusión parece haber vuelto a foja cero y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, precisó en rueda de prensa que “va a haber que ponerle más cabeza y pienso para ver cómo se generan los recursos que se están necesitando”.
Al defender el decreto, Castillo precisó que se dio debido a que “no hubo consenso entre los integrantes de la Caja” y explicó que la medida busca “que no sean los sectores más débiles o los que más requieren de los servicios de salud los que estén pagando esta situación".
La firma del decreto no fue bien recibida en la Caja e incluso su presidente, Andrés Pérez, anticipó que recurrirán la medida “si no hay soluciones de fondo”, al considerar que se trata de “una exoneración encubierta por vía reglamentaria”, lo que, a su entender, “viola el principio de legalidad”.
En la misma línea, se mostró atento a la reunión planificada para la semana próxima con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. “Aspiramos a conocer las soluciones y encontrar los consensos necesarios para la sostenibilidad de la institución a largo plazo”, apuntó Pérez.
Previamente, en su primera reacción a la novedad del Ejecutivo, había sentenciado: “A la mano extendida, otros nos dan el puño cerrado”. Ante este cuadro de situación, parece que la situación puede encaminarse en las próximas jornadas, o bien continuar en una batalla por vía administrativa o judicial.