El sector lleva casi 120 días sin un nuevo convenio colectivo y la intensificación de las medidas de fuerza puede generar aun más inconvenientes en el empleo.
El gobierno busca desactivar el conflicto en la construcción, pese a la negociación "en punto cero".
El gobierno sigue intentando desactivar el conflicto creciente entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), que llevan casi 120 días de negociaciones estancadas y sin lograr ponerse de acuerdo en un nuevo convenio colectivo, mientras cada vez más trabajadores del sector son enviados al seguro de paro.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Otro sector de gran relevancia para la economía uruguaya encendió luces amarillas en el Poder Ejecutivo: van casi cuatro meses sin avances en la construcción, cuyo convenio colectivo venció el pasado 31 de marzo, y las partes no han podido alcanzar un acuerdo en el marco del Consejo de Salarios. Tras otra reunión el jueves sin resultados, este viernes se insistirá con una nueva instancia de intercambio.
En paralelo, varias empresas resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras, y el número de afectados ya asciende a unos 200 operarios. El sector privado responsabiliza las distintas medidas de fuerza que impactaron en la continuidad de la actividad, necesaria en algunas etapas de los proyectos. Y otra consecuencia de este escenario de alta conflictividad es que las empresas hormigoneras prácticamente no estén trabajando en Maldonado.
"Hoy denunciamos que ya hay cientos de trabajadores que han sido mandados al seguro de paro. Pero no es porque la obra esté terminando o porque no haya trabajo, sino que a nuestro entender es una acción antisindical donde se penaliza con el seguro de paro a los trabajadores que luchan por un convenio colectivo", expresó el Sunca, al respecto.
Con este telón de fondo, el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, afirmó que el Poder Ejecutivo resolvió involucrarse de forma más activa para evitar mayores impactos en el sector, que "mueve una cantidad de industrias importantes" y tiene "uno de los gremios que mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras convoca".
Según explicó, la situación de estancamiento en la negociación "se transformó en una preocupación que nos daba la iniciativa de poder incidir más entre los actores y los empleadores y los trabajadores". Desde el sindicato sostienen que, luego de entre 10 y 11 reuniones, no hubo avances en ninguno de los planteos presentados durante el proceso de intercambio, en el que uno de los principales reclamos de los trabajadores es avanzar con el esquema de reducción de la jornada laboral y pasar de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial; un punto que es firmemente rechazado por la CCU.
El martes, el presidente Yamandú Orsi recibió a representantes del Sunca y del PIT-CNT para escuchar de primera mano los reclamos del sector sindical; y el objetivo del gobierno es "convocar a las partes y buscar una propuesta que sea de consenso"; aunque la postura de Castillo es que "la reducción mejora las condiciones de trabajo y no tiene efecto negativo en la rentabilidad empresarial”.
En caso de que este viernes no se logre destrabar la negociación, el sindicato no descarta la adopción de nuevas medidas.