El oficialismo busca convertir en ley el proyecto para reducir costos e impulsar la economía, que luego irá a Diputados.
El gobierno espera que el Senado apruebe este mes la ley de competitividad.
El Frente Amplio (FA) espera que el Senado apruebe este mes el proyecto de ley de competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el gobierno de Yamandú Orsi para mejorar las condiciones de producción, reducir costos y fortalecer la inserción internacional del país.
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La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas del oficialismo para el segundo semestre. La expectativa del Frente Amplio es que el texto pueda ser votado en el recinto durante este mes, para luego pasar a la Cámara de Diputados.
"Uruguay necesita mejorar los niveles de competitividad y, sobre todo, que eso se traduzca en el bolsillo de los trabajadores, es decir, en los precios de las cosas que consumimos", aseguró el senador oficialista, Daniel Caggiani, y agregó que es una iniciativa que ayudará a regular la actividad económica y fomentar el desarrollo de las mipymes, a las que catalogó como las empresas que generan mayor cantidad de puestos de trabajo.
El proyecto incorpora un conjunto de disposiciones orientadas a mejorar la competitividad de la economía uruguaya. Entre ellas figuran herramientas para reducir costos, facilitar el comercio exterior y fortalecer el funcionamiento de distintos sectores productivos, además de modificaciones vinculadas a la inserción internacional del país. La iniciativa también incluye medidas relacionadas con las condiciones de acceso a mercados internacionales, en línea con la estrategia del gobierno para mejorar la posición de los productos uruguayos en el exterior.
Desde el oficialismo consideran que este mes será decisivo para su tratamiento y aspiran a que la iniciativa quede aprobada antes de que finalice ese período. El proyecto forma parte de la agenda económica impulsada por el Poder Ejecutivo y es considerado una de las principales herramientas legislativas para atender reclamos de competitividad planteados por distintos sectores de la economía.