El gobierno presentó este miércoles el proyecto de ley de Competitividad que apunta a mejorar las condiciones de producción e intercambio, así como reducir los costos de vida de los uruguayos a partir de tres ejes fundamentales: menos burocracia, más inversiones y costos más bajos.
Menos trámites, apoyo a pymes y promoción de la competencia, las claves del proyecto de ley de competitividad
La iniciativa cuenta con más de 240 artículos que se dividen en cuatro capítulos y apunta a reducir la burocracia y los costos, e incentivar las inversiones.
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El gobierno lanzó la ley de competitividad con tres ejes: menos burocracia, más inversiones y costos más bajos
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Trabajo conjunto, foco en las pymes y promoción de la competencia, las claves del proyecto de ley de Competitividad.
Tal y como había adelantado antes de su viaje a París, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, presentó el proyecto de ley de Competitividad que apunta a mejorar un aspecto pendiente de la economía uruguaya y ampliamente reclamado desde distintos sectores el entramado productivo y comercial local. Según señaló, el objetivo principal del mismo es "aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión, con el fin de contribuir a la reducción del costo de vida de los uruguayos".
Un proyecto conjunto y en profundidad
El proyecto de ley, tal y como señaló el gobierno, es el resultado del trabajo conjunto entre el MEF y los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM); Salud Pública (MSP); Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Turismo (Mintur); Transporte y Obras Públicas (MTOP); y Ambiente.
Asimismo, la iniciativa recogió más de cien propuestas surgidas del intercambio entre organismos del Poder Ejecutivo y diversos actores de la sociedad, como las cámaras empresariales, organizaciones sociales, sindicatos nucleados en el PIT-CNT, el Congreso de Intendentes, colectivos profesionales, consultoras especializadas, el ecosistema de innovación y organizaciones de la sociedad civil.
El resultado es un proyecto "amplio y diverso", conformado por más de 240 artículos que se dividen en cuatro capítulos de reformas microeconómicas para reducir el costo de vida y aumentar la competitividad: Agilización de trámites; Facilitación del comercio exterior; Promoción de la competencia y reducción del costo de vida; e Innovación y aceleración de la inversión.
Menos burocracia y menos costos
Uno de los ejes del proyecto apunta a reducir la burocracia relacionada a la producción y al comercio, así como a la agilización de los trámites que no pueden eliminarse, apostando a la regulación y simplificación de los mismos para algunos de los principales sectores de actividad del país, tales como el sector agropecuario, la cadena cárnica, la lechería, la pesca y la industria vitivinícola; la industria alimentaria, la construcción y la minería; los productos para la salud; la comunidad portuaria, el transporte y la logística; el comercio y el turismo; y sectores innovadores como la biotecnología y las fintech.
De esta forma, algunas de las medidas que incluye la iniciativa son: registros unificados y plataformas accesibles que supongan el ingreso de información una única vez y mejoren la automatización y comunicación entre los organismos; el desempapelamiento, apostando a la promoción de alternativas digitales y electrónicas; los silencios positivos, para dar menos incertidumbre a los obligados; y mecanismos sectoriales para la agilización de trámites, con ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos, y procedimientos específicos para el agro, la industrial y la salud.
Asimismo, se reducirán costos de los trámites, a la par de otras medidas que apuntan en la misma dirección. En esta línea, algunas de las medidas planteadas son la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto sin requerir información ya disponible; y el precio por unidad para que los consumidores puedan tomar decisiones con más y mejor información.
El foco en las pymes y en la innovación
Las pymes y las fintech son otros actores especialmente priorizados en el proyecto que será remitido al Parlamento la semana próxima. Entre las propuestas incluidas para el sector de micro, pequeñas y medianas empresas están la simplificación tributaria —que elimina rigideces del esquema tributario vigente para facilitar el crecimiento—, un Sistema Integrado de Gestión, una plataforma unificada y la reducción de los costos de registro de productos.
En tanto, para las fintech, se promueve la innovación a partir de la implementación de "sandboxes" o entornos controlados de prueba para desarrollar nuevas soluciones financieras; y de la creación de un sistema regulado de finanzas abiertas. También se apunta a facilitar el acceso a financiamiento para este tipo de iniciativas, con fondos de inversión cerrados y plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding; herramientas que irán de la mano con estímulos específicos para parques industriales, investigación clínica y proyectos mineros.
Fortalecimiento de la Coprodec
Otro aspecto interesante del proyecto y que también responde a reclamos ya históricos en el país es el fortalecimiento y la dotación de mayor independencia técnica a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), con el objetivo de que tome un "rol más proactivo en sus cometidos".
En ese sentido, la ley le dará competencia autónoma al establecerla como un servicio descentralizado, y separará las funciones investigativas y resolutorias: así, la Dirección de Investigación estará a cargo de las primeras, mientras que los comisionados tendrán a cargo las valoraciones de las pruebas y la posterior decisión. Esto también fortalecerá la función investigativa, en la cual se definen nuevas reglas sobre acceso a la información y mayores poderes para requerirla, realización de inspecciones y solicitud de medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados.

