La calidad del agua potable y el avance del Proyecto Neptuno volverán al centro del debate político el próximo 14 de abril, cuando autoridades del Ministerio de Ambiente y de Obras Sanitarias del Estado (OSE) comparezcan ante la Comisión de Ambiente de Diputados para responder sobre indicadores clave, obras proyectadas y controles ambientales en el país.
La convocatoria, realizada por el diputado del Partido Nacional (PN), Federico Casaretto, apunta a profundizar el seguimiento de la política hídrica en medio de cuestionamientos sobre la potabilidad del agua en el área metropolitana. En particular, se analizarán los niveles de trihalometanos, compuestos derivados de la desinfección del agua, así como la presencia de materia orgánica y otros parámetros que inciden en la calidad del suministro.
A instancias del diputado del Frente Amplio (FA), Sebastián Valdomir, también participará la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), con el objetivo de aportar datos actualizados sobre los controles y estándares vigentes. La intención es despejar dudas sobre la seguridad del agua que consumen miles de hogares, especialmente en Montevideo y su zona de influencia.
Otro eje central será el estado del Proyecto Neptuno, considerado estratégico para garantizar el abastecimiento futuro. Tras la renegociación contractual, la iniciativa dejó de centrarse en una planta en Arazatí para pasar a reforzar la infraestructura en Aguas Corrientes, sobre el río Santa Lucía. El nuevo diseño prevé ampliar la capacidad de producción hasta 845.000 metros cúbicos diarios hacia 2045, frente a los 600.000 actuales.
El estado de la cuenca Santa Lucía
Además, se pondrá bajo la lupa la situación de la cuenca del Santa Lucía, históricamente afectada por presiones productivas y eventos climáticos, así como episodios de contaminación en San José que vuelven a generar preocupación por la calidad del agua cruda.
La agenda incluirá también otros focos ambientales, como el impacto de restos de embarcaciones en el arroyo de las Vacas, en Carmelo, y el control de las prospecciones sísmicas en el mar uruguayo. En ambos casos, los legisladores buscan conocer si existen capacidades suficientes para mitigar riesgos y proteger tanto a la población como a los ecosistemas.
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