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19 de junio 2026 - 13:02

El nuevo cobro de la Caja de Profesionales genera tensión con el gobierno y abre una puja por los recursos

El Poder Ejecutivo y el instituto previsional se reunirán de urgencia el lunes, con el origen del dinero necesario para el pago de pasividades como tema central.

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El nuevo cobro de la Caja de Profesionales genera tensión con el gobierno y abre una puja por los recursos.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) vuelve estar en el centro del debate, esta vez por el anuncio de un nuevo timbre profesional que se cobrará a ciertos trámites de atención médica: desde el gobierno consideran la medida "irregular e inconveniente", y desde el instituto previsional piden fondos de Rentas Generales para dar marcha atrás.

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La situación financiera de la Caja de Profesionales sigue generando fuertes tensiones. En esta ocasión, la decisión de establecer un nuevo cobro sobre trámites vinculados a la atención médica —tales como documentos relacionados con consultas médicas, certificados, constancias y otros registros profesionales— a partir del 1° de agosto generó malestar en el Poder Ejecutivo, que la calificó como "irregular en lo formal e inconveniente en lo fáctico". En ese sentido, y según expresó el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, a Telemundo, el directorio de la Cjppu "no está facultado para tomar resolución en cuanto al instrumento de cobro y en cuanto al monto que se le asignó a esta imposición".

Más allá de esto, el jerarca hizo hincapié en que la recaudación adicional que generaría el nuevo timbre —estimada entre 60 y 100 millones de dólares anuales por los servicios especializados del Ministerio de Salud Pública (MSP)— supondría, a su vez, un impacto económico muy fuerte en el sistema de salud. "Se estaría duplicando el esfuerzo contributivo que ya está haciendo toda la sociedad en el rescate financiero de la Caja Profesional", señaló, y agregó que la medida es "desproporcionada" y "carece de legitimidad", sobre todo luego de que el rescate del instituto previsional fuera producto de un amplio acuerdo político que estableció un reparto equilibrado de los costos para garantizar la viabilidad de la Caja: "Todo lo que altere ese equilibrio tan finamente construido a nivel parlamentario tiene que ser sujeto de análisis y de detenida discusión", indicó.

La Caja de Profesionales exige recursos a cambio de dar marcha atrás

Por su parte, el presidente de la Cjppu, Andrés Pérez, aseguró que el directorio de la institución estaría dispuesto a dar marcha atrás a la resolución, siempre y cuando el Poder Ejecutivo aporte los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previsionales. La propuesta será puesta sobre la mesa el lunes, cuando se lleve a cabo una reunión de urgencia entre las autoridades de la Caja y el gobierno.

Según expresó el jerarca del instituto previsional, el objetivo de la medida es dar sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo: "Los activos no podemos pagar más porque ya estamos casi en el 22,5%, los pasivos tienen su IASS y un 5% adicional de tasa de contribución pecuniaria", aseguró, y agregó que la disposición de establecer el pago de los timbres profesionales a las actuaciones médicas está prevista en el artículo 71 de la ley orgánica de la Caja de Profesionales: "Estamos obligados a hacer la tarea que estamos haciendo. Como la Caja, hasta este momento, no había estado en la situación en la que se encuentra no se habían hecho estos controles que se tendrían que haber hecho hace 20 años. Si se hubieran hecho hace 20 años, la Caja no estaría en esta situación", justificó.

¿Qué puede pasar en la negociación entre el gobierno y la Caja?

Si bien Pérez se mostró optimista en lograr un acuerdo con el Poder Ejecutivo a partir de que el dinero en cuestión sea vertido por Rentas Generales, desde el gobierno apelarán a que el directorio revierta la decisión o, en caso contrario, avanzarán en una resolución para impedir la aplicación del cobro.

"Si el directorio dentro de su autonomía mantiene la resolución, el Poder Ejecutivo tiene las facultades que le otorga la norma para revertir esta resolución", afirmó Di Doménico.

Si bien evitó asegurar que el cobro no llegará a aplicarse, dejó en claro que "el espíritu del Poder Ejecutivo es que esto no ocurra, que no suceda esto, que no se cobren estos timbres".

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