El Parlamento aprobó la eliminación de los subsidios para aquellos políticos que sean condenados por hechos de corrupción, luego de que la Cámara de Representantes (Diputados) diera la sanción final al proyecto impulsado por el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado (PC).
El Parlamento aprobó la eliminación de subsidios para políticos condenados por corrupción
La Cámara de Representantes dio la sanción final al proyecto de ley del Partido Colorado.
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El pasado martes, la Cámara Baja sancionó el denominado proyecto "derecho al subsidio de cargos políticos y del particular de confianza", que comenzara a gestarse en el año 2017, y que prevé la suspensión y pérdida de la subvención para aquellos funcionarios que sean hallados culpables de este tipo de delitos contra la administración pública.
Si bien el proyecto fue presentado a raíz del caso Sendic, que derivó en la recordada renuncia del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic por uso indebido de los dineros públicos, el proyecto volvió a cobrar vigencia tras el escándalo del caso Horas Extra en Artigas, por el que el exintendente Pablo Caram y otros funcionarios del Partido Nacional (PN) salieron eyectados de sus cargos.
Rodríguez recordó ante la prensa que Sendic "lamentablemente terminó cobrando un subsidio", puesto que cuando fue presentado en 2017, el proyecto no se trató.
Consultado acerca de su aplicación para el caso Horas Extras, el diputado señaló: "Correspondería su aplicación en la medida en que se pida un subsidio de acá hacia el futuro".
"Un paso imprescindible a favor de la transparencia"
A través de la red social X, el legislador aseguró que la sanción resulta "un paso imprescindible a favor de la transparencia" y "contra la corrupción" en el Uruguay.
El proyecto había sido votado en Diputados en 2023 tras ser presentado nuevamente y pasó al Senado, donde se le realizaron modificaciones que fueron aprobadas esta semana, restando solo la promulgación del Poder Ejecutivo. La normativa establece que el derecho al subsidio queda suspendido con la formalización de los funcionarios, y que se extingue con la sentencia condenatoria definitiva y firme.
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