Hoy ingresa al Parlamento uruguayo el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas.
El Parlamento de Uruguay analiza la posibilidad desde el comienzo del gobierno de Luis Lacalle Pou de realizar cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos, con el objetivo de transparentar los números en la financiación de los diferentes sectores. Por falta de acuerdo con el Frente Amplio (FA), el proyecto se cayó una primera vez, pero se retomó con una comisión especial interpartidaria, que espera avanzar antes de julio.
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Con varios cambios que se esperaban ya para diciembre pasado, previo al receso parlamentario —algo que, finalmente, no sucedió—, los integrantes de la comisión especial pretenden apurar el debate para lograr el consenso lo antes posible, considerando que el 2023 es año preelectoral. Según entienden desde el sistema político, este proyecto debe salir por unanimidad, aunque puede ser que no se compartan algunos artículos.
En esta ocasión, los diputados intentaron que los cambios se dieran lo más lejos posible de las elecciones —visto que las modificaciones preelectorales son las más habituales, y querían realizarlo de forma distinta, para variar—; pero reconocieron que fracasaron con “total éxito” debido a la cercanía del período electoral con la que se tratará el proyecto.
El objetivo es lograr los consensos “suficientes y los más altos posibles”, con el respaldo también del FA.
Con la idea de lograr los cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos antes de que comiencen las campañas preelectorales —y no durante el proceso— la coalición multicolor fijó una reunión para fines de enero, con el fin de definir un articulado del proyecto que sirva para empezar a discutirlo en la comisión especial parlamentaria.
Los motivos de los cambios yacen en que la ley rige desde 2009, y buscan aggiornarla al contexto más actual del país.
Por su parte, desde el Frente Amplio también consideran que el proceso alrededor del proyecto se demoró mucho, y afirmaron que apostarán a la buena voluntad y la sinceridad de todos en la búsqueda del mayor consenso posible. En ese sentido, desde la coalición opositora están dispuestos a conversar y bajar algunas de sus pretensiones —mas no todas— para lograr lo más cercano a la unanimidad posible.
Asimismo, comparten la expectativa de poder votar la ley lo antes posible, durante las primeras sesiones del año.
Uno de los cambios más importantes que se negociarán en el Parlamento es la posibilidad de que las empresas aporte a la financiación o no los partidos políticos. Para el FA, lo ideal sería que sea el Estado el que financie los partidos; o, en todo caso, que sean personas físicas y no jurídicas las financistas.
En contrapartida, la coalición de gobierno plantea que las empresas puedan aportar a los partidos —y cuentan con los votos para conseguirlo.
También se discutirán los organismos que estarían controlando el cumplimiento de la ley. El FA piensa en una especie de coordinación entre la Dirección General Impositiva, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral (CE) para hacer el control, pues son organismos especializados en algunos de los aspectos incluidos en el proyecto. Mientras que el oficialismo se inclina a que sea solo la CE.
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