¿En qué quedó el proyecto para transparentar el financiamiento de partidos políticos?

Se prorrogó la fecha límite para llegar al consenso. Además de las diferencias entre oficialismo y oposición, hay desacuerdo dentro de la coalición gobernante.

La Cámara de Diputados del Parlamento del Uruguay tendrá hasta el 16 de mayo de 2023 para aprobar la ley de financiamiento de partidos políticos.

En el Parlamento del Uruguay existe desde mediados de 2020 una comisión especial dedicada a la elaboración de un proyecto de ley de regulación del financiamiento de partidos políticos para campañas electorales. El propósito de la iniciativa es realizar un control más exhaustivo de las donaciones empresariales y evitar, a su vez, el ingreso de dinero de negocios ilícitos en la política uruguaya.

El trabajo de la comisión, en más de dos años, no ha mostrado avances contundentes. En mayo de 2022, los distintos espacios políticos acordaron avanzar en el consenso del proyecto y aprobarlo en la Cámara de Diputados antes de 2023. A menos de dos semanas de terminar el año, ninguna de esas cosas sucedieron.

En la última sesión de esta comisión, del 8 de diciembre, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez le comunicó a los legisladores de la oposición que existe “la intención y el compromiso” de tratar la iniciativa pero que, producto de la falta de consenso, no se está “en condiciones” de hacerlo.

Algunas de las diferencias entre el oficialismo y la oposición tienen que ver con la posibilidad de reducir el monto del aporte máximo de los donantes, y otras, con la idea de prohibir que personas jurídicas debidamente identificadas puedan realizar donaciones.

Al no tener el respaldo de todos los sectores políticos, la comisión resolvió extender la prórroga para llegar a un punto en común hasta el 16 de mayo de 2023, fecha en la que se deberá aprobar alguna versión de la norma en Diputados.

Las críticas por parte del Frente Amplio (FA) no tardaron en llegar. El diputado Mariano Tucci recordó que hubo un “compromiso” que “no se cumplió”. A su vez, expresó que para la oposición, la regulación del financiamiento de partidos políticos es “prioritaria y necesaria”.

También hay discusiones hacia dentro de la coalición oficialista

Sin embargo, las diferencias no solo existen entre oficialismo y oposición. Dentro de la coalición gobernante también las hay. El sector de Cabildo Abierto (CA) frena la iniciativa hace meses por un tema vinculado la integración de la Corte Electoral, organismo que deberá controlar el financiamiento de las campañas y que no cuenta con representación de ese partido político.

Los dirigentes de CA reclaman como propia una de las sillas de esa institución que responde al Partido Colorado, de acuerdo a los resultados de las elecciones de 2019. Y, hasta en tanto, no se resuelva esa cuestión, no brindarán su acompañamiento a la propuesta de ley.

También hay discusiones del contenido de la norma dentro de la coalición oficialista. Por ejemplo, los nacionalistas consideran que debe haber un tope en las donaciones anónimas para las campañas electorales, mientras que los colorados proponen que no exista la posibilidad de recibirlas.