Los diputados Gabriel Gurméndez, Agustín Quintana y Juan Martín Jorge presentaron un proyecto de ley para derogar la fabricación de cemento en la petrolera.
El Partido Colorado busca ponerle un fin a la producción de portland de Ancap.
El Partido Colorado (PC) busca derogar el cometido legal de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) para la producción de este tipo de cemento en Uruguay, con el objetivo de terminar con el "barril sin fondo" que representan las pérdidas del sector ya históricamente deficitario, y en medio de la intención del gobierno de reestructurar el negocio.
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La iniciativa se plasmó en un proyecto de ley presentado por los diputados colorados Gabriel Gurméndez, Agustín Quintana y Juan Martín Jorge, e incluye la derogación de "todas las actividades conexas, afines y derivadas que Ancap ha desarrollado a partir de la competencia legal", en 1931.
Según señaló Gurméndez, la situación de la industria cementera estatal "no da para más": "Las pérdidas de Ancap por la fabricación del portland que fueron más de 800 millones de dólares en dos décadas, no tiene justificación para la sociedad. El Estado no han sido capaz de dar vuelta este mal negocio en décadas, invirtieron mal, no han tenido capacidad de encontrar una asociación, ahora le van a cargar la cuenta a las intendencias, y distorsionar la competencia. Lo seguiremos pagando todos, en los precios de los combustibles, los impuestos (ahora municipales) los mayores costos de las obras, etc.", expresó a través de una publicación en redes sociales, a modo de argumentación detrás del proyecto.
"Si queremos de verdad abaratar la vida en este país, crecer económicamente y generar empleos, y ser más competitivos se impone comenzar a tomar decisiones para ello", continuó, y aseguró que el objetivo es "terminar de una buena vez con este barril sin fondo". "Se agotó el tiempo y la plata", afirmó.
Además de derogar el cometido legal de Ancap para la fabricación de portland —con una fecha establecida a un año tras la promulgación eventual de la ley—, el proyecto de los colorados especifica que los funcionarios que se desempeñen en las tareas que se proponen suprimir “serán redistribuidos dentro del propio ente de acuerdo con las necesidades del servicio y al perfil del funcionario”.
Para aquellos que no pudieran ser redistribuidos internamente, se expedirá una nómina que será “ofrecida” a la administración central del Estado, al Poder Judicial y al resto de los entes autónomos y servicios descentralizados; sin que sus derechos adquiridos se vean afectados. Esta redistribución sería financiada con los créditos presupuestales asociados a los respectivos puestos de trabajo en los puestos de origen.
Asimismo, especifica los negocios y actividades abarcados que verían su finalización: yacimientos en Minas y Paysandú; plantas industriales de producción de cemento; instalaciones en Manga para almacenamiento, envasado y despacho; derechos de explotación de yacimientos; y sociedades vinculadas o subsidiarias, entre otros.
La presentación del proyecto de ley del Partido Colorado ocurre días después de que el Congreso de Intendentes aprobara la compra del portland de Ancap como una medida para generar una demanda sostenida para la industria cementera y, así, proteger los empleos asociados a la actividad, sobre todo los de la planta de Paysandú.
La movida de los jefes departamentales se dio en el marco de una fuerte discusión alrededor del futuro del portland, para la cual la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, había pedido formalmente a los intendentes la posibilidad de que compren el cemento de Ancap con el objetivo de brindar una medida de sostén al sector históricamente deficitario.
"Excelente noticia. El Congreso de Intendentes aprobó el convenio marco con Ancap para la compra no solo de portland, sino también de lubricantes y combustibles. Fruto de muchos meses de trabajo con la empresa pública y la Comisión de Descentralización, y luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del portland, el pedido se convierte en un acuerdo. Mi reconocimiento a las intendencias y al presidente del Congreso. Cuando trabajamos por Uruguay, las cosas ocurren. Un pasito más cerca", festejó la jerarca en redes sociales.
Sin embargo, para Gurméndez y otros diputados colorados, esta decisión supone el financiamiento del portland a través de dineros públicos que generan más costos sobre la sociedad uruguaya.