La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, de forma unánime, el proyecto de ley de Competitividad, que apunta a mejorar las condiciones de competencia da la economía uruguaya en el exterior y a reducir el costo de vida en el país.
El proyecto apunta a bajar el costo de vida de los uruguayos a partir de cuatro ejes fundamentales, aunque desde la oposición señalaron que "una ley no alcanza".
El Senado aprobó por unanimidad la ley de Competitividad, y piden que sea impulso para mayores reformas.
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, de forma unánime, el proyecto de ley de Competitividad, que apunta a mejorar las condiciones de competencia da la economía uruguaya en el exterior y a reducir el costo de vida en el país.
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Con 31 votos sobre el total de 31 senadores, el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida elaborado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción en la Cámara alta. La iniciativa, que consta de 240 artículos y está dividida en cuatro capítulos centrales —agilización de los trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de las inversiones—, se presentó como una respuesta a un reclamo ya histórico del sector empresaria respecto del Uruguay caro, tanto para producir y vender, como para vivir; e incorporó recomendaciones y experiencia práctica de la cotidianidad de quienes se ven más afectados por el estado de situación actual.
Ahora, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, donde buscará la sanción definitiva.
"Es un proyecto integral", valoró la senadora y miembro informante del Frente Amplio (FA), Liliam Kechichian, que también destacó el tratamiento dado, que fue abordado "no como un trámite formal, sino como una instancia genuina de mejora legislativa", en la cual, incluso, se incorporaron observaciones al texto final. Según la legisladora, la iniciativa busca "llevar adelante reformas horizontales para modernizar el Estado, reformas sectoriales para aumentar la competitividad de nuestra economía, promover la innovación y reducir el costo de vida de las uruguayas y los uruguayos”.
Para ello, algunas medidas incluidas apuntan a "modernizar el funcionamiento del Estado, reducir los tiempos y los costos administrativos que hoy enfrentan las personas y las empresas, incentivar la transparencia en la formación de precios, facilitar la actividad empresarial, promoviendo mercados más competitivos y estimular la inversión y la innovación”. Algunos de los impactos estimados son una reducción en un 26% de costos de gestión para las empresas y un ahorro potencial cercano al 1% en el costo de vida de los uruguayos solo con la habilitación de importadores subsiguientes.
“Son cifras que, sumadas, dibujan una economía con menos fricciones; un Estado que exige una sola vez lo que hoy exige varias veces, mercados más abiertos a la competencia y más y mejores herramientas de financiamiento para proyectos productivos e innovadores”, resaltó el jefe de la bancada frenteamplista, Daniel Caggiani.
Por su parte, y si bien la mayoría de los artículos fueron acompañados tanto por el Partido Nacional (PN) como por el Partido Colorado (PC) —con acuerdos en la modificación de varios de ellos—, los senadores de la oposición señalaron algunas críticas, principalmente en torno al alcance y a la implementación de la futura ley.
En ese sentido, el legislador colorado Robert Silva reconoció tener "cifradas esperanzas" en que las medidas del proyecto “impacten directamente en la gente” y “que mejoren la calidad de vida de la gente”. Sin embargo, advirtió que "una ley no alcanza" para mejorar la competitividad del país, sobre todo cuando en paralelo ocurren situaciones como la paralización del puerto, aumentan los costos de producción o la inversión encuentra obstáculos administrativos. Asimismo, la bancada del PC cuestionó que varios artículos terminen por resolverse en la reglamentación y que la iniciativa no tenga una "aplicación directa".
Por su parte, el senador blanco Sergio Botana señaló las mismas inquietudes que los colorados. “Falta bastante para que vivamos en un país competitivo”, agregó y animó al gobierno a entrar a discutir cambios en el precio de los combustibles, las tarifas de las empresas públicas y el “atraso cambiario”: “En el desempapelamiento nos vamos a quedar en el debe y falta control sobre el tema de los monopolios y oligopolios para que donde no hay mercado no exista el absoluto descontrol”, consideró, llamando a "aprovechar el envión".
En respuesta, Kechichian manifestó: “Este proyecto no promete una transformación instantánea, pero sí promete un Estado más ágil, unos mercados más abiertos y una economía más competitiva”.
Algunas de las disposiciones incluidas en el proyecto aprobado en el Senado apuntan a reducir la burocracia mediante registros unificados y plataformas accesibles que supongan el ingreso de información una única vez y mejoren la automatización y comunicación entre los organismos; el desempapelamiento, apostando a la promoción de alternativas digitales y electrónicas; los silencios positivos, para dar menos incertidumbre a los obligados; y mecanismos sectoriales para la agilización de trámites, con ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos, y procedimientos específicos para el agro, la industrial y la salud.
Asimismo, se reducirán costos de los trámites, a la par de otras medidas que apuntan en la misma dirección. En esta línea, algunas de las medidas planteadas son la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto sin requerir información ya disponible; y el precio por unidad para que los consumidores puedan tomar decisiones con más y mejor información.
Entre las medidas incluidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) figura la denominada graduación tributaria, que busca eliminar los saltos entre categorías impositivas para que el crecimiento de una empresa no implique cambios bruscos en su carga tributaria; así como la creación de un sistema integrado de gestión gratuito con herramientas de facturación, cobranza electrónica, administración de inventarios, gestión de proveedores y control de cuentas a cobrar y pagar.
Además, el proyecto también saca a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la crea como un servicio descentralizado; establece una plataforma unificada para realizar trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS); y crea una “ventanilla única marítima” para la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios, siguiendo la “exitosa práctica” de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).