El Senado vota el polémico proyecto para deudores del BHU

Fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto integrada con Vivienda. Críticas de analistas.

20.000 familias tienen un sobreendeudamiento en UR con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Gobierno del Uruguay

El plenario del Senado comenzará a debatir el proyecto de ley que busca dar una solución a los deudores en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), luego de que la Comisión de Presupuesto integrada con Vivienda aprobara por unanimidad la iniciativa.

“Se concreta una solución, un anhelo postergado para mucha gente durante mucho tiempo; algo de estricta justicia”, afirmó el senador del Partido Nacional Carlos Camy, uno de los elaboradores del proyecto que no estuvo exento de polémicas, tanto por ofrecer la reestructuración de deudas para 24.500 familias como por plantear la fusión entre el BHU y el Banco República (BROU).

El proyecto de ley divide a los deudores en tres grandes grupos a los que les otorga distintas soluciones; y contempla solo a aquellos deudores que hayan pagado hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de 2022.

Un primer grupo está integrado por quienes tengan más de 40 años desde que sacaron el crédito original y un mínimo de 210 cuotas pagadas, a quienes se liquida la deuda si la persona se mantuvo activa pagando durante todos esos años.

El segundo grupo está compuesto por quienes están a menos de diez años de llegar a los 40 años desde el crédito original; a estos se le mantendrá la cuota actual a la vez que se reajusta la deuda en UR, lo que acelera la amortización del crédito.

El tercer grupo, integrado por aquellos a los que le falten entre 10 y 30 años para llegar a los 40, seguirá pagando la cuota pero con un crecimiento de la deuda en UR al 2,5% —contra el crecimiento actual entre el 5% y el 7%. En estos casos también se acelera la amortización.

Desde hoy a las 9:30 se llevará a cabo la sesión convocada en la Cámara Alta para comenzar a tratar el proyecto en el plenario, cuya votación también se prevé para hoy. Por su parte, el senador blanco Sergio Botana —también redactor de la iniciativa junto a Camy y el colorado Germán Coutinho—, sostuvo que “lo más importante de todo, lo fundamental, es que la angustia tiene día final”

Las polémicas en torno al proyecto de ley

Desde que el proyecto de ley de reestructuración para deudores en UR comenzó a ser cada vez más una realidad, aproximadamente en julio pasado, los comentarios y señalamientos en contra no pararon de surgir. Dos grande pilares organizaron las críticas a la iniciativa: por un lado, quienes están en contra de la fusión del BHU con el BROU y, por el otro, quienes consideran que el rescate de este grupo de deudores no es necesario o, en principio, es injusto para con otro tipo de deudores del país.

El primer punto fue, de hecho, el que retrasó el ingreso del proyecto en el Parlamento, ya que el grupo de senadores que impulsaron la propuesta debió realizar modificaciones junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que la parte de reestructuración de deudas pudiera votarse independientemente de la sección sobre la fusión del BHU. La idea de la desaparición del Banco Hipotecario generó el rechazo de la presidenta de la institución, Casilda Echevarría, y de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU); pero también del Frente Amplio y Cabildo Abierto, por lo que no estaban dadas las condiciones para alcanzar la mayoría especial de dos tercios necesaria para aprobarla.

Por otra parte, también hay cuestionamientos a la reestructuración misma de las deudas en UR: según un informe elaborado por la consultora CPA Ferrere a pedido del BHU, las personas que tomaron créditos en UR no fueron los más perjudicados en lo últimos años, por lo que tampoco requerirían necesariamente una iniciativa que les ayude a pagar sus deudas. O, en caso de que efectivamente se termine sancionando, puede generar una ola de reclamos similares por parte de deudores en UI e, incluso, promover o “acentuar comportamientos de riesgo moral” ante la idea de que en caso de incumplimiento surgirá una alternativa que suponga condonación o reestructuración de las deudas.