Los senadores oficialistas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) terminan de pulir el proyecto de ley que plantea la refinanciación de deudas en Unidades Reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) —para los ya famosos deudores en UR o “rehenes”, como se autodefinen—con el objetivo de lograr ingresar el texto en el Parlamento el próximo 3 de octubre y comenzar el debate de la iniciativa.
El proyecto para deudores del BHU ingresará al Parlamento el 3 de octubre
El MEF y senadores ajustan los detalles para que el refinanciamiento de las deudas sea aprobado el 18 de octubre.
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El Senado votará el mes que viene el proyecto para deudores del BHU
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La presidenta del BHU aseguró la solidez y rentabilidad del banco

Banco Hipotecario del Uruguay.
El objetivo es llegar a un proyecto que permita su aprobación relativamente rápida en ambas Cámaras, por lo que los esfuerzos del oficialismo están centrados en redactar dos partes que sean independientes entre sí, en lugar de un único bloque como estaba planteado en la idea original de los nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy, y el colorado Germán Coutinho —quienes trabajaron en la propuesta inicial.
De esta forma, la iniciativa que ingresaría al Parlamento a principios de octubre tendría, por un lado, el refinanciamiento de las deudas en UR tanto del BHU como de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV); y, por el otro, la fusión entre la entidad bancaria en cuestión y el Banco República (BROU).
El motivo principal es que tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto ya adelantaron su rechazo a la idea de que ambos bancos se fusionen —y que el BHU desaparezca para pasar a ser una nueva entidad dentro del BROU bajo el nombre “Créditos Hipotecarios”. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el gobierno llegue a la mayoría especial necesaria para dar luz verde a la operación —a pesar de que el gobierno continúa defendiendo esta vía de resolución.
Generar dos proyectos independientes o “desencastrables” hace que la traba numérica que, muy probablemente, ocurrirá respecto de la fusión, no implique que no se apruebe tampoco la solución para los más de 20.000 deudores en UR:
A favor y en contra
Si bien la fusión reúne mayormente opiniones negativas, la refinanciación de las deudas del BHU parece encaminada en un acuerdo general positivo, por lo que el proyecto ingresará al Parlamento el próximo 3 de octubre para tratarlo primeramente en la Comisión de Vivienda integrada con Hacienda. Esta primera etapa duraría dos semanas, por lo que se estaría votando el 17 de octubre, para terminar de tratarse en el pleno del Senado el 18.
Desde Cabildo Abierto, tal y como ya ha expresado el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Raúl Lozano —que fuera parte del grupo original que trabajó en la redacción del proyecto mientras integraba la Cámara Alta—, acompañan la iniciativa de la refinanciación. Esta postura es compartida también por el Frente Amplio que, igualmente, buscará incidir en la redacción con propuestas propias.
En ese sentido, una de ellas será que no solo se tenga en cuenta la "antigüedad" de la deuda —el proyecto establece soluciones escalonadas a partir de los 40 años desde que fue tomado el crédito hipotecario— sino también otros criterios como "el valor de los inmuebles". También reclamará que se incluya una “compensación” del Poder Ejecutivo hacia el BHU por estar renunciando al cobro de cuotas o intereses que son un activo de su cartera.
Mientras tanto, en la oposición y en grupos de economistas preocupa una posible consecuencia de la refinanciación de las deudas en UR: el “efecto contagio”. Es decir, que otros deudores del país comiencen a pedir el mismo tratamiento que aquellos del BHU y de la ANV. La conclusión general es que es “injusto” hacer las quitas planteadas por “no es cierto que los deudores en UR fueron perjudicados”: "Es injusto con los buenos pagadores. Es inconveniente porque genera incertidumbre en el negocio de crédito", señaló Pablo Roselli, consultor y socio de Exante.
Por su parte, Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, coincidió en que ”cuesta mucho dinero y limitará el crédito, especialmente a las personas de menor ingreso”. “En el pasado (no tan lejano), iniciativas de este tipo comprometieron severamente a las finanzas públicas", añadió.
Mientras tanto, el gobierno estima un costo mínimo de 330 millones de dólares por la absorción de las deudas en UR del BHU; y de 260 millones de dólares para las deudas en la ANV —que también asumiría la entidad bancaria.
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