El sindicato médico respalda la implementación de la eutanasia y asegura que "está bien reglamentada"

El presidente del SMU, José Minarrieta, afirma que la norma garantiza derechos de los pacientes y contempla correctamente la objeción de conciencia.

Aval de médicos a la reglamentación de la eutanasia.

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El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) respalda la implementación de la ley de eutanasia que entró en vigencia el 21 de abril, al considerar que el procedimiento definido garantiza el ejercicio de un derecho de los pacientes bajo "condiciones seguras", con criterios médicos adecuados y una reglamentación que respeta tanto la normativa aprobada como la práctica profesional.

El proceso de implementación cuenta con el aval del gremio, que evaluó positivamente tanto la reglamentación como los aspectos técnicos definidos para su aplicación. Su presidente, José Minarrieta, sostuvo que los fármacos y las vías de administración previstas son adecuados y se ajustan a estándares internacionales, en línea con experiencias de otros países donde la eutanasia ya está regulada.

En ese sentido, Minarrieta destacó en declaraciones a radio Monte Carlo que la normativa “responde a lo que se aprobó como ley” y asegura "la concreción de un derecho ciudadano dentro del sistema de salud". Además, remarcó que no existen objeciones desde el punto de vista médico en relación a los medicamentos seleccionados ni a los procedimientos definidos, lo que refuerza la viabilidad de su aplicación en todo el territorio nacional.

Uno de los aspectos clave abordados en la reglamentación es la objeción de conciencia, contemplada como un derecho para médicos y personal sanitario que no deseen participar en el procedimiento por razones éticas, morales o filosóficas. Sin embargo, la normativa establece con claridad que esta objeción no puede obstaculizar el acceso del paciente al derecho, por lo que el profesional deberá garantizar la derivación a otro colega que sí esté dispuesto a intervenir.

Cómo es el protocolo de aplicación

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó que el protocolo fue elaborado “con mucha seriedad, cuidado y responsabilidad”, tras un trabajo técnico que buscó respetar tanto la letra como el espíritu de la ley. La reglamentación fue aprobada luego de la firma del decreto correspondiente por parte del presidente Yamandú Orsi, seis meses después de la sanción parlamentaria de la norma.

La ley 20.431 establece que podrán solicitar la eutanasia personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades psíquicas, que padezcan una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal o que sufran un deterioro grave y progresivo con padecimientos considerados insoportables. El procedimiento exige múltiples instancias de validación, incluyendo la intervención de un médico actuante y otro consultante, así como la posibilidad de convocar una junta médica.

El protocolo también detalla cada una de las etapas del proceso, desde la solicitud expresa y por escrito del paciente hasta la ratificación de su voluntad, con la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. Asimismo, se garantiza la libertad del solicitante para elegir las condiciones en las que desea transitar el procedimiento, incluyendo el lugar —centro de salud o domicilio— y si desea o no estar acompañado.

En cuanto a los aspectos técnicos, se estableció el uso de tres medicamentos administrados por vía intravenosa: lidocaína, para evitar el dolor; propofol, para inducir el coma; y atracurio, que produce el paro cardiorrespiratorio. El protocolo excluyó el uso de fentanilo y determinó que en el certificado de defunción se consignará la enfermedad de base como causa principal y la eutanasia como causa final.

Los prestadores de salud tienen la obligación de garantizar el acceso al procedimiento, incluso si deben recurrir a otros centros en caso de no contar con profesionales disponibles. Para supervisar el cumplimiento de la normativa, se creó una Comisión Honoraria de Revisión, encargada de evaluar los casos y detectar posibles irregularidades, que podrían derivar en denuncias ante la Justicia.