La AEU advirtió que la medida supone "una barrera adicional" y señalaron que implicará "consecuencias jurídicas, sociales y operativas".
Un nuevo costo de OSE generó críticas de la Asociación de Escribanos del Uruguay.
Entre los aumentos fijados para este año, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) estableció un nuevo costo para los certificados de saneamiento y libre de deuda, que implica el pago de una Unidad Reajustable (UR), equivalente a 1.847,96 pesos.
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Ante esta situación, la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) emitió una nota al organismo encargado de la provisión de agua potable y saneamiento para manifestar su desacuerdo y cuestionar la legalidad, al tiempo que expresó una “profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, sociales y operativas” que puede generar la medida.
Para AEU, el nuevo costo, fijado a través de la resolución Nº 1464/25, puede suponer “una posible vulneración de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”, al basarse en la legislación precedente.
En la misma línea, el organismo apuntó que esta medida “afecta el interés general, entorpece el normal desenvolvimiento del tráfico jurídico y desconoce el rol instrumental del notariado en las políticas públicas de acceso a la vivienda”.
Los escribanos consideran que la iniciativa tendrá “un impacto directo y regresivo, sobre las familias en general” y puso el foco en las vulnerables, mencionando a “aquellas que acceden a soluciones habitacionales y se encuentran exoneradas de otros tributos, tasas, aranceles e impuestos”.
Con la nueva medida, “quedan obligadas, sin alternativa, al pago de este certificado, lo cual configura una barrera económica adicional e injustificada”, apuntaron
En este sentido, la AEU solicitó información detallada acerca del procedimiento de solicitud del certificado; el plazo cierto de expedición por parte del organismo; y el criterio aplicable en los casos en que no existe cuenta de OSE asociada al padrón, lo que calificaron como “una situación frecuente en la práctica notarial y que genera demoras y perjuicios concretos a los usuarios”, para lo cual aguarda por “una respuesta clara, fundada y urgente” de parte de OSE.