La deuda neta del gobierno uruguayo continuará aumentando durante los próximos años y alcanzará el 63,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, según las proyecciones presentadas este miércoles por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, durante una conferencia en Buenos Aires; de concretarse esa trayectoria, el endeudamiento quedaría a solo 1,9 puntos porcentuales del nivel prudencial del 65% establecido como ancla de la nueva regla fiscal.
La deuda pública seguirá creciendo hasta 2030 y quedará a menos de dos puntos del ancla fiscal
El MEF proyecta que el endeudamiento neto alcance el 63,1% del PIB al final del período, frente al ancla prudencial del 65% establecida por el gobierno.
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Hasta el 2030, la deuda pública seguirá creciendo, según adelantó Gabriel Oddone.
Las estimaciones forman parte de la presentación que el jerarca realizó durante la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), celebrada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde repasó las fortalezas macroeconómicas de Uruguay y los principales desafíos para sostener el crecimiento económico.
El escenario previsto por el equipo económico combina un incremento gradual de la deuda pública con una reducción progresiva del déficit fiscal hacia el final de la década. La estrategia del gobierno apunta a mejorar los resultados de las cuentas públicas y fortalecer la institucionalidad fiscal, aunque las proyecciones muestran que el endeudamiento continuará creciendo como proporción del producto.
La deuda neta aumentará más de siete puntos del PIB hasta 2030
De acuerdo con los datos presentados por el MEF, la deuda neta del gobierno se ubicó en el 55,8% del PIB en 2025 y aumentaría al 58,8% durante 2026. La trayectoria ascendente continuaría en los años siguientes, con una previsión del 60,5% para 2027, del 61,6% para 2028 y del 62,7% para 2029, hasta alcanzar el 63,1% en 2030.
De cumplirse estas estimaciones, el endeudamiento registraría un incremento acumulado de 7,3 puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2030, acercándose progresivamente al ancla fiscal del 65%. Ese porcentaje constituye el nivel prudencial de deuda neta definido por el gobierno dentro de su marco fiscal de mediano plazo, que también contempla metas operativas de endeudamiento y resultado fiscal estructural.
La nueva institucionalidad incorpora mecanismos automáticos de corrección ante eventuales desvíos, cláusulas de escape más estrictas durante los años electorales y un Consejo Fiscal autónomo encargado de evaluar el cumplimiento de las reglas.
El gobierno proyecta reducir el déficit fiscal al 2,5% del PIB
En paralelo al aumento previsto de la deuda, el MEF presentó una estrategia de convergencia fiscal que contempla una reducción gradual del déficit durante los próximos años. Según las proyecciones oficiales, el resultado fiscal global se mantendría en un déficit equivalente al 4,1% del PIB en 2026, el mismo nivel previsto para 2025.
A partir de 2027 comenzaría una trayectoria descendente, con un déficit proyectado del 3,4% del PIB, que se reduciría al 3,1% en 2028 y al 2,7% en 2029, hasta alcanzar el 2,5% en 2030. De esta manera, el equipo económico prevé una mejora de 1,6 puntos porcentuales del PIB en el resultado fiscal entre 2026 y 2030, aunque esa reducción no sería suficiente para revertir el crecimiento proyectado de la deuda neta durante el período.
El bajo crecimiento económico agrega presión sobre las cuentas públicas
Las perspectivas fiscales se presentan en un escenario de crecimiento económico moderado, que el propio Oddone identificó como uno de los principales desafíos estructurales de Uruguay. Durante su exposición, el ministro señaló que la economía registró un crecimiento promedio anual del 1,2% entre 2015 y 2024, una tasa que consideró insuficiente para sostener el modelo de convivencia y bienestar social del país.
En ese sentido, el jerarca apuntó a la baja productividad y a la insuficiente acumulación de capital físico y humano como dos de los principales obstáculos para acelerar la actividad económica. La combinación de un crecimiento limitado, la necesidad de fortalecer el gasto social y una trayectoria ascendente del endeudamiento plantea desafíos para la política fiscal de los próximos años.
