En la última década se levantó un solo edificio privado en Rivera, frente a ocho en Sant’Ana do Livramento, y del lado brasileño hay otros 20 proyectados para los próximos cinco años, pero ninguno en suelo uruguayo.
Los salarios de la construcción son un 261% más altos del lado uruguayo y edificar en Livramento resulta hasta cuatro veces más barato.
Los menores precios de alquileres, servicios y mano de obra en suelo brasileño aceleran el traslado de comercios y residentes uruguayos.
En la última década se levantó un solo edificio privado en Rivera, frente a ocho en Sant’Ana do Livramento, y del lado brasileño hay otros 20 proyectados para los próximos cinco años, pero ninguno en suelo uruguayo.
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En una entrevista para Radio Carve, el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR), Gustavo Laclau, dijo que el 80% de la inversión en la ciudad brasileña proviene de ciudadanos uruguayos y que cada vez más personas se mudan o abren empresas del otro lado de la frontera por los menores costos de alquiler, construcción y servicios.
Laclau sostuvo que la construcción en Livramento es entre tres y cuatro veces más económica que en Rivera. Aclaró que la inversión uruguaya del lado brasileño no es necesariamente riverense: según la información que maneja la gremial, muchas veces proviene de otras zonas del país. Agregó que muchas personas que se jubilan terminan yendo a la frontera porque es más barata y más tranquila.
En Rivera, dijo, las únicas obras de los últimos años son las del gobierno nacional o departamental, algo que, según planteó, le quita a la ciudad una actividad que "derrama mucho". Advirtió que, si no se revierte la tendencia, el riverense terminará yéndose “hacia el lado brasilero, ya sea a vivir, comprar casa o alquilar".
Una ficha del Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) de marzo de 2025, con precios de febrero de ese año, ya mostraba que el costo de un oficial albañil era 261% mayor en Rivera que en Sant’Ana do Livramento.
El dirigente dio un ejemplo propio: tres de sus funcionarios "viven del lado brasilero" y se mudaron hace un par de años por los costos. Dijo que también hay "mucha gente que se está yendo directamente a abrir empresas del lado brasilero, porque los costos son absolutamente más bajos", en alquileres, en gastos con el Estado y en servicios. Señaló que incluso empresas de larga data terminan optando por "cruzar la calle".
Laclau vinculó esa situación con la informalidad: dijo que en Rivera llega a 43%, tanto en empresas como en empleo, y que la diferencia de precios con Brasil empuja a muchas familias a ese terreno. “No nos gusta ser uno de los lugares con más informalismo en el país”, afirmó.
La ACIR trabajó unos cuatro meses en un documento de 23 propuestas, que presentó en los últimos días al Parlamento y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Parte de una respuesta a las cinco medidas iniciales que planteó el gobierno: qué funcionó, qué no y cómo mejorarlo. "Lo que hicimos no fue ir a reclamarle, sino ir a llevarle propuestas", dijo Laclau.
Como respaldo, el dirigente citó dos resultados de las medidas ya aplicadas: la baja del Imesi (el impuesto específico interno) en combustibles habría dado 30% más de recaudación, y la baja del IVA en la canasta básica, 35% más de ventas. Sostuvo que las propuestas incluyen números y que "no es una renuncia fiscal en ningún caso".
Entre los planteos figura ampliar el alcance del régimen. Laclau explicó que hoy los beneficios se miden desde el paso de frontera, y que la ACIR pidió medirlos desde la frontera para incluir localidades alejadas de la ciudad, como Vichadero, que sufren las mismas dificultades. La Ley 20.419 fija las zonas de frontera en un radio de hasta 60 kilómetros de los pasos terrestres, según informó el MEF en una respuesta a un pedido de informes del senador colorado, Tabaré Viera. Laclau dijo que el planteo fue coordinado con las asociaciones comerciales de Rocha, Cerro Largo y Artigas.
La Comisión de Fronteras de Diputados recibió a la gremial por la mañana y el MEF, al mediodía del mismo día. Según Laclau, un jerarca del ministerio, el tercero en la estructura, pidió unos 15 días para analizar los puntos y propuso elegir cinco o seis para aplicar de inmediato. "El Ministerio realmente quedó interesado en buscar soluciones", dijo.